Las arquitectas Emma Noriega y Paula Feijóo consiguieron en 2019 elaborar la hoja de ruta necesaria para que se reorganice la movilidad de la ciudad. Todo gracias a un difícil consenso logrado con asociaciones de vecinos, grupos ecologistas, partidos políticos, la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), la policía o el servicio de autobuses, entre otros colectivos.
Pero, casi dos años después, “queda por hacer absolutamente todo, cuando fue un encargo hecho por quienes están ahora mismo gobernando, y pensado para llevarlo a cabo”, lamenta Noriega. Del plan, solo se cumplió la implementación de la Ciudad 30, que, en todo caso, matizan, fue instaurada por la administración local “porque así le obligó la ley, y sin campaña de información previa ni control posterior”. La actuación, ya caída en el olvido, se limitó a colocar señales. Algunas de ellas, como las de la rúa Celso Emilio Ferreiro, de forma deficitaria, al pintarlas del revés en un principio y sin respetar los códigos del Catálogo Oficial de Señales después.
“La Ciudad 30 fue un bluff en Ourense. La avenida de La Habana es aún una autopista”, sostiene Benito Bouzada
Las arquitectas recuerdan que tenían previstas pruebas para cerrar calles al tráfico, “ampliando la zona peatonal en su entorno más inmediato”, así como un reordenamiento del bus urbano, ya que “no se puede quitar el coche sin ofrecer alternativas”. Esta última iniciativa fue anunciada en los últimos días por Jácome como propia, asegurando que el nuevo servicio estará operativo en diciembre de 2022. En cualquier caso, las arquitectas sostienen que, dos años después, “en el Ourense actual hay los mismos coches o más, cuando se deberían haber reducido”. Y Noriega concluye que, si bien “las actuaciones de movilidad no necesitan gran cantidad de tiempo si se toman las decisiones adecuadas”, la inacción podría dejar a Ourense “a la cola de las ciudades gallegas”.
Desde la asociación ecologista Amigos da Terra, que formó parte de la mesa de diálogo previa a la publicación del plan, Anxo Dorrío recuerda demandas históricas como la implementación de aparcamientos disuasorios en el extrarradio de la ciudad.
Benito Bouzada, delegado de la Asociación de Técnicos de Seguridad y Educación Vial de Galicia (Atesugal- Fetevi), también formó parte en 2019 de esta mesa, en representación de la plataforma Stop Accidentes. Bouzada defiende que, si bien “todas las semanas del año deberían ser Semana Europea de la Movilidad”, en la ciudad ni siquiera se celebra del 16 al 22 de septiembre, ya que “no se organizó ni una sola actividad”.
Además, el técnico de educación vial reconoce que “la Ciudad 30 fue un bluff”, con determinadas calles, como la avenida de La Habana, que “aún son autopistas”. Por lo tanto, reclama que se implementen medidas reales, como en Vitoria, donde en los 90 ya habían apostado por los aparcamientos disuasorios y los reductores de velocidad. “No pedimos nada que no exista”, matiza. Y, mientras “en villas como Verín y Celanova están trabajando en esta vía”, en Ourense prevalece “un excesivo uso de los coches. Me desespera cada vez que veo las puertas de los colegios atestadas de coches, subidos a las aceras”, reconoce, debido al abandono de un plan “que nos costó un dinero a todos”.
Por último, Carlos Moure, al frente de la Fundación ADO Moure Pro Deporte, que promueve el uso de la bicicleta, sostiene que la ciudad aún no es un espacio seguro para estos vehículos. “Algunos conductores se creen los únicos usuarios de la carretera. Si se cumplieran las normas, todos tendríamos sitio, pero hay personas sin empatía ni sensibilidad. Y, como la Policía Local no da abasto, las sanciones no llegan, cuando mucha gente solo entiende a base de sanciones”, lamenta.
