La jueza argumenta que había indicios para investigarla pero que pesa la presunción de inocencia
La jueza del Penal 2 notificó ayer la sentencia por la que condena a Rafael Liliner Gómez y a José Pereira Pérez a tres años y medio de prisión por su participación en el atraco a dos empleadas del Eroski de O Couto el 22 de abril de 2013 cuando se disponían a ingresar la recaudación del fin de semana en un banco, en virtud del reconocimiento efectuado por los mismos. Ahora bien, absuelve a la tercera acusada, Dolores Guimarey, esposa de Pereira Pérez y quien en esa época trabajaba en el supermercado. Según la magistrada, "no ha quedado probado que los acusados, para poder llevar a cabo la sustracción del dinero de la recaudación del Eroski, hubieran contado con la colaboración de la acusada".
El fallo considera que no hay prueba ni indicios suficientes que avalen que Guimarey, tal como sostenían las acusaciones -el fiscal y la empresa-, fuese la persona que desde el interior del negocio suministrase información a los otros dos acusados referente a la puerta por la que iban a salir las empleadas así como el momento. El fallo argumenta que es posible que su esposo conociera datos del supermercado por boca de ella, fruto de la convivencia familiar diaria, pero ello no la convierte en cooperadora del delito pues para ello "es preciso que la aportación realizada por la acusada se efectúe siendo consciente de la ilicitud de la misma".
La sentencia también hace hincapié en que no existen pruebas que permitan concluir que la empleada accediera a su puesto de trabajo con un teléfono móvil tal como sostenía la Policía Nacional para así alertar a los otros dos encausados. La magistrada hace valer el testimonio de un compañero de sección de Dolores quien ese día aseguró que no la había visto hablar por teléfono en ningún momento.
Asimismo, resalta que, aún en caso de haber alertado, la información que la acusada estaba en disposición de transmitir era limitada. Esta no sabía la puerta por la que iban a salir sus compañeras -así lo atestiguaron las víctimas-, lo que sí podría haberle sido de gran ayuda a los atracadores para facilitar su ubicación. La condición de esposa de unos de los autores confesos y de empleada es un indicio que, según la jueza, "puede ser apto para sustentar el inicio de una investigación en su contra pero, una vez celebrado el juicio, no reúne la potencialidad necesaria para destruir la presunción de inocencia".
