El supuesto cobro de dos pagarés que previamente habían sido anulados, cuyo importe total ascendía a 82.850 euros, sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia provincial a Jacinta Sánchez Rodríguez, inculpada en un delito de estafa por el que se enfrenta a peticiones de cárcel que oscilan entre los tres y cuatro años.
La inculpada negó el cobro de los cheques en octubre de 2007 y febrero de 2008, aunque estos aparecieron cargados a favor de la empresa Nogueira Outeiro SL a la que ella representó en la firma de un convenio. En el documento, se acordó el abono de 165.000 euros por parte de Geriátricos Ourensanos S.L a cambio de la realización de unas obras de albañilería en un centro para ancianos de la calle Enseñanza de la ciudad.
En este contrato de obra suscrito, que ayer, por primera vez, negó, ya que nunca había querido declarar durante la instrucción, se acordó la emisión de tres pagarés a favor de Nogueira Outeiro con distintos plazos de vencimiento, uno de ellos posteriormente desdoblado en dos. Al día siguiente, según sostienen los representantes de la empresa estafada, el primitivo contrato fue sustituido por otro, con fecha 21 de junio de 2007, por el que ambas partes de mutuo acuerdo anulaban el inicial y dejaban sin efectos los pagarés previamente entregados. Según el administrador de Geriátricos Ourensanos, Francisco Devesa, recibió de la acusada lo pagarés originales rotos sin percatarse de que faltaban dos. La anulación se debió a que la empresa contratada renunció al trabajo por no disponer de los albañiles necesarios para ejecutar las obras.
CUATRO AÑOS DE CÁRCEL
Según aseguró ayer el fiscal, la inculpada actuó con ánimo de injusto enriquecimiento a la hora de cobrar 24.800 euros en una ocasión y 58.850 en otra. Reclamó una pena de tres años de prisión, que la acusación particular elevó a cuatro, además de un multa de ocho meses a razón de ocho euros diarios (1.920 euros).
En este contrato de obra suscrito, que ayer, por primera vez, negó, ya que nunca había querido declarar durante la instrucción, se acordó la emisión de tres pagarés a favor de Nogueira Outeiro con distintos plazos de vencimiento, uno de ellos posteriormente desdoblado en dos. Al día siguiente, según sostienen los representantes de la empresa estafada, el primitivo contrato fue sustituido por otro, con fecha 21 de junio de 2007, por el que ambas partes de mutuo acuerdo anulaban el inicial y dejaban sin efectos los pagarés previamente entregados. Según el administrador de Geriátricos Ourensanos, Francisco Devesa, recibió de la acusada lo pagarés originales rotos sin percatarse de que faltaban dos. La anulación se debió a que la empresa contratada renunció al trabajo por no disponer de los albañiles necesarios para ejecutar las obras.
CUATRO AÑOS DE CÁRCEL
Según aseguró ayer el fiscal, la inculpada actuó con ánimo de injusto enriquecimiento a la hora de cobrar 24.800 euros en una ocasión y 58.850 en otra. Reclamó una pena de tres años de prisión, que la acusación particular elevó a cuatro, además de un multa de ocho meses a razón de ocho euros diarios (1.920 euros).
