La Audiencia Provincial de Ourense acogió ayer el juicio contra Tatiana M.H., a quien la fiscal y la acusación particular imputan un delito de apropiación indebida por supuestamente llevarse del bar que alquilaba material y maquinaria que los dueños del local afirman que es suyo, y que valoran en 190.000 euros. Según la acusación, la imputada alquiló el establecimiento en 2016 “totalmente equipado” para su funcionamiento. Dos años después, Tatiana fue desahuciada por impago, y presuntamente entregó el local sin la maquinaria y con desperfectos que la compañía de seguros cifra en 4.314 euros. La pena puede alcanzar los siete años de cárcel, que pide la acusación particular.
Tatiana defiende que los enseres que se llevó eran suyos, ya que cuando alquiló el local este no venía con ningún tipo de mobiliario, más allá de “un fregadero, campanas, aire acondicionado, cortinas y la barra”. Ante las preguntas de la fiscalía aseguró que ella aportó la maquinaria que después se llevó, procedente de otro establecimiento hostelero que regentó con anterioridad. El abogado de la defensa recordó que en el contrato de arrendamiento que firmaron ambas partes no se incluyó ningún inventario con el mobiliario del establecimiento.
Los dueños del local mantienen que este contaba con todo tipo de maquinaria, ya que había funcionado como restaurante en los últimos años, e incluyen en la lista de objetos que Tatiana presuntamente se llevó máquinas de fabricación de pasta, una amasadora industrial, un horno de pizza, dos neveras, tres televisiones, mesas, sillas y otros utensilios.
También se la acusa de provocar desperfectos en el local “con el propósito de menoscabar el patrimonio ajeno”, que incluirían “daños en múltiples tomas de corriente destrozadas o arrancadas, sustracción de cableado, daños en varias puertas y suciedad abundante”, entre otras acciones, que la compañía de seguros cifra en 4.314 euros, “que han sido satisfechos a la propietaria del inmueble”. La encausada defiende que no causó ningún daño al local. “Quedó sucio porque no pude volver a entrar”, aseguró.
La investigada aseguró que dejó de pagar la mensualidad porque el bar carecía de la licencia para su funcionamiento. “Vino la Policía Local a decirme que no tenía licencia y que tenía que cerrar”, argumentó. Según los dueños, el local sí que tenía licencia en un principio, aunque esta fue revocada después de que la investigada alquilara también el local contiguo con el fin de anexionarlo y emplearlo como comedor. “Había que conceder una nueva licencia, nos rechazaron la nuestra”, aseguró la propietaria.
Además de la denuncia por apropiación indebida, la relación entre arrendador y arrendataria atravesó otros problemas. “Le di llaves al hijo de la dueña porque el acoso era grande, me amenazaba y llegó a pincharme las ruedas del coche”, afirmó la acusada, que llegó a interponer una denuncia contra él, quien niega los hechos.
El hijo de la dueña del local, que además regentó el restaurante que funcionó antes en la misma ubicación, afirmó que nunca recibió las llaves por parte de la acusada, y que la primera vez que vio como había quedado el establecimiento fue cuando acudió con un perito de la compañía aseguradora. “Lo que yo vi allí es un descojone, todo destrozado, lleno de basura, hasta el cableado desapareció”, relató.
La fiscalía solicita una pena de dos años y seis meses de cárcel por el delito de apropiación indebida, además de 16 meses de multa, a razón de 8 euros diarios, por los daños. La acusación particular pide tres años de prisión por los daños y otros cuatro por la apropiación, además de una multa de hasta 36 meses, a 10 euros diarios.
