La Audiencia de Ourense juzgó ayer a Juan Carlos Ferro Monteagudo, a quien el ministerio público acusó de participar junto a David Fernández Rey -ya condenado por esta causa- en el secuestro exprés en 2007 de un conocido empresario, Manuel López Iglesias, debido a una supuesta deuda que éste mantenía, al parecer, con el primero.
Ferro Monteagudo, que no fue juzgado en 2010 junto a su compañero por estar en paradero desconocido más de dos años, se sentó ayer en el banquillo tras ser detenido en un operativo policial este verano y se negó a declarar a las preguntas de la acusación particular -representa a la víctima-, así como a las del representante de la Fiscalía. Sí lo hizo, no obstante, a las de su defensa. Quiso dejar claro ante el tribunal que el perjudicado le debía 1.610.000 euros, pero negó ser autor de los delitos que se le atribuyen. 'Se llevó mi dinero prestado y no me lo trajo. Montó todo este circo para no pagar, y yo tuve que vender mi casa', remachó después de reiterar que 'llevo dos años reclamándole que me lo devuelva como pueda'.
Versión totalmente opuesta fue la que esgrimió López Iglesias, que compareció como testigo y perjudicado durante la vista. Relató ante los magistrados que fue abordado por Ferro Monteagudo, así como por Fernández Rey, el 13 de diciembre de 2007 a las 13,30 horas en el Paseo das Ninfas de la ciudad, que ambos lo agredieron y metieron en una furgoneta (alquilada), pero, sin embargo, dejó entrever que no existía tal deuda: 'Me causó estupor y gracia cuando me comentaron eso' -en relación a esta supuesta deuda-.
Asimismo, indicó que los secuestradores querían que 'les entregase una cantidad importante de dinero'. Ambos lo trasladaron, contra su voluntad, hasta las cercanías de su domicilio. 'Mientras éste (Juan Carlos Ferro) desvalijaba mi piso, el otro (David Fernández) me custodiaba en el vehículo con un cuchillo', detalló. Según el fiscal, se apoderaron en su vivienda de un reloj Rólex, 2.000 euros, 900 dólares, 30.000 pesetas (180,30 euros) y de documentación. Luego, tal y como sostuvo el ministerio público, lo llevaron hasta Vigo para exigirle más dinero y, tras retenerlo hasta las 22,00 horas, lo trajeron de vuelta a la ciudad y lo abandonaron cerca del CHUO.
El fiscal pidió por estos hechos para el acusado nueve años y medio de cárcel por cuatro delitos -robo con violencia, lesiones, detención ilegal y coacciones- y la acusación particular, 11 años y dos meses -al sustituir las coacciones por amenazas condicionales-. La defensa solicitó su absolución y, subsidiariamente, que sea penado por una falta de lesiones y por un delito de realización arbitraria del derecho propio -'por tomar la Justicia por su mano', según clarificaron fuentes del caso.
Versión totalmente opuesta fue la que esgrimió López Iglesias, que compareció como testigo y perjudicado durante la vista. Relató ante los magistrados que fue abordado por Ferro Monteagudo, así como por Fernández Rey, el 13 de diciembre de 2007 a las 13,30 horas en el Paseo das Ninfas de la ciudad, que ambos lo agredieron y metieron en una furgoneta (alquilada), pero, sin embargo, dejó entrever que no existía tal deuda: 'Me causó estupor y gracia cuando me comentaron eso' -en relación a esta supuesta deuda-.
Asimismo, indicó que los secuestradores querían que 'les entregase una cantidad importante de dinero'. Ambos lo trasladaron, contra su voluntad, hasta las cercanías de su domicilio. 'Mientras éste (Juan Carlos Ferro) desvalijaba mi piso, el otro (David Fernández) me custodiaba en el vehículo con un cuchillo', detalló. Según el fiscal, se apoderaron en su vivienda de un reloj Rólex, 2.000 euros, 900 dólares, 30.000 pesetas (180,30 euros) y de documentación. Luego, tal y como sostuvo el ministerio público, lo llevaron hasta Vigo para exigirle más dinero y, tras retenerlo hasta las 22,00 horas, lo trajeron de vuelta a la ciudad y lo abandonaron cerca del CHUO.
El fiscal pidió por estos hechos para el acusado nueve años y medio de cárcel por cuatro delitos -robo con violencia, lesiones, detención ilegal y coacciones- y la acusación particular, 11 años y dos meses -al sustituir las coacciones por amenazas condicionales-. La defensa solicitó su absolución y, subsidiariamente, que sea penado por una falta de lesiones y por un delito de realización arbitraria del derecho propio -'por tomar la Justicia por su mano', según clarificaron fuentes del caso.
