La fiscalía acusa a Eduardo Alberto R.L., venezolano en paradero desconocido, y a Lorena G.A. de ponerse de acuerdo para utilizar el DNI de la madre de un amiga del primero con la intención de falsear un contrato de trabajo con el que obtener la residencia legal en España. La titular del DNI, que nada sabía de esta práctica, figuraba como empleadora de Alberto para realizar labores domésticas.
Posteriormente, la Seguridad Social envió en el verano de 2011 a la denunciante providencias de apremio ante el impago de cotizaciones como empleadora del inculpado, que está en paradero desconocido. Y tuvo que pagar 1.932 euros.
El Penal 2 sentó en el banquillo a Lorena G.A. acusada de simular la firma de la supuesta empleadora, aunque ella aseguró que no sabía nada. Se enfrenta a una petición de dos años de cárcel y multa.
