Los dos acusados por la presunta detención ilegal de un menor portugués, Paulo Rafael Da Silva y Francisco Javier González, han negado haber retenido al joven en contra de su voluntad.
Su testimonio ha sido apoyado por varios testigos que insistían en que el menor se relacionaba con los vecinos y que nunca dio muestras de estar retenido o de pedir ayuda.
Por su parte, los dos agentes de la Policía Nacional que declararon como testigos, han mantenido que el pequeño se mostraba muy asustado y decía que le pegaban cuando lo encontraron en una habitación cerrada.
Así, Da Silva relató lo sucedido el 12 de abril de 2010. Según su versión prestada esta mañana en el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, aquel día él, Francisco Javier y una tercera persona se encontraron al menor, que por aquel entonces tenía 15 años, en la estación de tren de Oporto y les pidió de comer.
Los cuatro fueron hasta un restaurante y el joven le habría pedido venir a España, así que le ofreció un trabajo y alojamiento en su domicilio en la parroquia ourensana de Santa Mariña do Monte.
El acusado negó haber encerrado nunca al menor en su casa, ni haberle pegado. Ha insistido en que no sabían que el joven era menor de edad hasta el momento de su detención y que tenía completa libertad de movimientos e 'interactuación' con los vecinos.
Asimismo, ha explicado que incluso lo llevó a la peluquería y lo dejó solo. También ha apuntado que el menor habló en dos ocasiones con su madre desde el teléfono de Francisco Javier.
Sí es cierto que le encargó labores de cuidado de los animales, pero que le había ofrecido un salario a cambio.
El propio Francisco Javier ha coincidido en lo fundamental con la declaración del otro acusado, aunque no recuerda haber hablado con la madre del pequeño.
El menor, quien declaró por videoconferencia, ha señalado que vino de manera voluntaria a Ourense porque le ofrecieron trabajo. Sin embargo ha asegurado que sí lo encerraron, obstaculizando la puerta, la primera noche que pasó en la casa de Paulo Da Silva.
Ha reconocido que sí habló con su madre, pero que le obligaban a decir que estaba en Oporto trabajando. También coincidió en que no lo agredieron, si bien lo habrían amenazado con un machete para obligarlo a trabajar.
Con respecto a si pudo interactuar con los vecinos, el chico ha dicho que sí, pero que todavía confiaba en la oferta laboral que le habían hecho.
Por su parte, su madre ha reafirmado que sí habló con su hijo y que él le dijo, en una primera llamada, que estaba con un amigo y en la segunda que se encontraba trabajando en Oporto.
En la sala también prestaron declaración la pareja de Paulo, un amigo, la tercera persona que los acompañó aquel día 12 de abril de 2010 en su viaje a Portugal y el peluquero que atendió al menor.
Todos coincidieron en su percepción de que el menor tenía libertad para entrar y salir del domicilio y para hablar con las personas.
El peluquero, que declaró no conocer de nada a ninguno de los acusados, ha manifestado que no le pareció que estuviese asustado.
El contrapunto a estas declaraciones lo pusieron los policías nacionales que intervinieron en la liberación.
El primero en declarar ha mantenido que la puerta se encontraba con el pestillo pasado por fuera y el niño estaba llorando. Incluso les habría dicho que le habían pegado y que tenía mucho miedo.
El instructor del atestado ha incidido en lo asustado que se encontraba el pequeño y que el lugar en el que se encontraba estaba en mal estado y falto de higiene.
Tras escuchar a todas las partes, la Fiscalía ha mantenido su petición de 3 años de prisión para ambos por un delito de detención ilegal. En sus conclusiones el ministerio fiscal ha indicado que la finalidad de retener al menor habría sido 'doblegar' su ánimo y someterlo a sus dictados.
De no determinarse la gravedad para declararlos culpables de detención, ha pedido que al menos sí se aplique la de coacción, teniendo además en cuenta la edad del joven cuando se produjeron los hechos.
Además, pide un año y medio más de prisión para Paulo Da Silva por tenencia ilegal de armas localizadas durante el registro posterior a su detención por los hechos.
Por su parte, la defensa pide la libre absolución atendiendo a que el joven tenía libertad para relacionarse con los vecinos, incluso en establecimientos públicos.
Por su parte, los dos agentes de la Policía Nacional que declararon como testigos, han mantenido que el pequeño se mostraba muy asustado y decía que le pegaban cuando lo encontraron en una habitación cerrada.
Así, Da Silva relató lo sucedido el 12 de abril de 2010. Según su versión prestada esta mañana en el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, aquel día él, Francisco Javier y una tercera persona se encontraron al menor, que por aquel entonces tenía 15 años, en la estación de tren de Oporto y les pidió de comer.
Los cuatro fueron hasta un restaurante y el joven le habría pedido venir a España, así que le ofreció un trabajo y alojamiento en su domicilio en la parroquia ourensana de Santa Mariña do Monte.
El acusado negó haber encerrado nunca al menor en su casa, ni haberle pegado. Ha insistido en que no sabían que el joven era menor de edad hasta el momento de su detención y que tenía completa libertad de movimientos e 'interactuación' con los vecinos.
Asimismo, ha explicado que incluso lo llevó a la peluquería y lo dejó solo. También ha apuntado que el menor habló en dos ocasiones con su madre desde el teléfono de Francisco Javier.
Sí es cierto que le encargó labores de cuidado de los animales, pero que le había ofrecido un salario a cambio.
El propio Francisco Javier ha coincidido en lo fundamental con la declaración del otro acusado, aunque no recuerda haber hablado con la madre del pequeño.
El menor, quien declaró por videoconferencia, ha señalado que vino de manera voluntaria a Ourense porque le ofrecieron trabajo. Sin embargo ha asegurado que sí lo encerraron, obstaculizando la puerta, la primera noche que pasó en la casa de Paulo Da Silva.
Ha reconocido que sí habló con su madre, pero que le obligaban a decir que estaba en Oporto trabajando. También coincidió en que no lo agredieron, si bien lo habrían amenazado con un machete para obligarlo a trabajar.
Con respecto a si pudo interactuar con los vecinos, el chico ha dicho que sí, pero que todavía confiaba en la oferta laboral que le habían hecho.
Por su parte, su madre ha reafirmado que sí habló con su hijo y que él le dijo, en una primera llamada, que estaba con un amigo y en la segunda que se encontraba trabajando en Oporto.
En la sala también prestaron declaración la pareja de Paulo, un amigo, la tercera persona que los acompañó aquel día 12 de abril de 2010 en su viaje a Portugal y el peluquero que atendió al menor.
Todos coincidieron en su percepción de que el menor tenía libertad para entrar y salir del domicilio y para hablar con las personas.
El peluquero, que declaró no conocer de nada a ninguno de los acusados, ha manifestado que no le pareció que estuviese asustado.
El contrapunto a estas declaraciones lo pusieron los policías nacionales que intervinieron en la liberación.
El primero en declarar ha mantenido que la puerta se encontraba con el pestillo pasado por fuera y el niño estaba llorando. Incluso les habría dicho que le habían pegado y que tenía mucho miedo.
El instructor del atestado ha incidido en lo asustado que se encontraba el pequeño y que el lugar en el que se encontraba estaba en mal estado y falto de higiene.
Tras escuchar a todas las partes, la Fiscalía ha mantenido su petición de 3 años de prisión para ambos por un delito de detención ilegal. En sus conclusiones el ministerio fiscal ha indicado que la finalidad de retener al menor habría sido 'doblegar' su ánimo y someterlo a sus dictados.
De no determinarse la gravedad para declararlos culpables de detención, ha pedido que al menos sí se aplique la de coacción, teniendo además en cuenta la edad del joven cuando se produjeron los hechos.
Además, pide un año y medio más de prisión para Paulo Da Silva por tenencia ilegal de armas localizadas durante el registro posterior a su detención por los hechos.
Por su parte, la defensa pide la libre absolución atendiendo a que el joven tenía libertad para relacionarse con los vecinos, incluso en establecimientos públicos.
