El expediente afecta a 896 trabajadores, es decir, a un 84 por ciento de la plantilla
El grupo Adolfo Domínguez ha avanzado un nuevo expediente de regulación temporal de empleo (Erte), que se activará entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, el cual irá acompasado a la “apertura gradual y escalonada de sus tiendas” y la incorporación de sus trabajadores a medida que la compañía vaya recuperando su actividad en cada zona de España.
En un comunicado remitido a los medios, la firma ha justificado este expediente, que afecta a 896 trabajadores, esto es, un 84 por ciento de la plantilla, “por motivos objetivos” relacionados con “la bajada del consumo” y de conformidad con lo previsto en la normativa laboral.
Esta medida, ha abundado el grupo, tiene como objetivo “regular la situación” de los empleados de la compañía hasta el 30 de junio de 2021 y así poder ir incorporando a sus profesionales “de forma gradual y acompasada” con la recuperación paulatina de su actividad.
En este momento, Adolfo Domínguez, que facturó 112 millones de euros en el ejercicio 2018-19, tiene abiertas 64 de sus 391 tiendas en todo el mundo, tanto en España, como en países como Portugal, Francia, Japón, China, Chile, Costa Rica y Australia.
El plan escalonado de reaperturas afecta, refleja la nota, tanto a tiendas a pie de calle (treinta a día de hoy), como a las que tiene el modisto gallego en diferentes espacios en distintos centros comerciales y en El Corte Inglés. Todo queda así supeditado a cómo transcurra la contención de la pandemia en cada una de las provincias españolas.
“Reactivamos paulatinamente nuestra actividad en tiendas y servicios centrales para ir dando respuesta a la nueva realidad económica y de consumo generada tras las crisis del coronavirus”, apunta el director general de la compañía, Antonio Puente, quien ha garantizado la reincorporación de los trabajadores “paso a paso” a su actividad habitual, de manera gradual.
Sobre este particular, Comisiones Obreras ha descartado su apoyo al Erte tras cuestionar las condiciones del mismo, que dejaría “desprotegidos” a los trabajadores a tiempo parcial “que tan solo cobrarían una prestación del 70% de la base de cotización” o la situación del personal de limpieza y que entienden que debería “prevalecer” por cuestiones sanitarias.
En un comunicado remitido a los medios, esta central ha mostrado su preocupación por el hecho de que la empresa “no haya tan siquiera valorado la solicitud de complementar la prestación por desempleo y abonar la totalidad de las pagas extras sin descuento”.
Así, ha preguntado por el cumplimiento de las medidas sanitarias al sostener que “con la presencia mínima en tiendas” será difícil que puedan llevar la tienda y al mismo tiempo garantizar que se “cumplan las medidas preventivas” de seguridad. En cuanto a los turnos partidos, ha advertido de que podrían facilitar “la contaminación cruzada”.
También la CIG ha expresado su rechazo a la medida solicitada por la empresa de manera “unilateral” pues, alega esta central, supondría suspender “otros 940 contratos” en todo el país, incluidos los servicios centrales del polígono de San Cibrao das Viñas (Ourense).
La CIG cuestiona el rechazo de la empresa a recuperar parte de las vacaciones y pagas extras de los empleados “por estar en situación de regulación temporal” así como un complemento salarial que minimice “la pérdida de las trabajadoras” durante el Erte.
Además, reclaman “la celeridad” en la apertura de tiendas y en la puesta en marcha de la producción a fin de poder reincorporar al personal “en el menor tiempo posible”.
En un comunicado remitido a los medios, la firma ha justificado este expediente, que afecta a 896 trabajadores, esto es, un 84 por ciento de la plantilla, “por motivos objetivos” relacionados con “la bajada del consumo” y de conformidad con lo previsto en la normativa laboral.
Esta medida, ha abundado el grupo, tiene como objetivo “regular la situación” de los empleados de la compañía hasta el 30 de junio de 2021 y así poder ir incorporando a sus profesionales “de forma gradual y acompasada” con la recuperación paulatina de su actividad.
En este momento, Adolfo Domínguez, que facturó 112 millones de euros en el ejercicio 2018-19, tiene abiertas 64 de sus 391 tiendas en todo el mundo, tanto en España, como en países como Portugal, Francia, Japón, China, Chile, Costa Rica y Australia.
El plan escalonado de reaperturas afecta, refleja la nota, tanto a tiendas a pie de calle (treinta a día de hoy), como a las que tiene el modisto gallego en diferentes espacios en distintos centros comerciales y en El Corte Inglés. Todo queda así supeditado a cómo transcurra la contención de la pandemia en cada una de las provincias españolas.
“Reactivamos paulatinamente nuestra actividad en tiendas y servicios centrales para ir dando respuesta a la nueva realidad económica y de consumo generada tras las crisis del coronavirus”, apunta el director general de la compañía, Antonio Puente, quien ha garantizado la reincorporación de los trabajadores “paso a paso” a su actividad habitual, de manera gradual.
Sobre este particular, Comisiones Obreras ha descartado su apoyo al Erte tras cuestionar las condiciones del mismo, que dejaría “desprotegidos” a los trabajadores a tiempo parcial “que tan solo cobrarían una prestación del 70% de la base de cotización” o la situación del personal de limpieza y que entienden que debería “prevalecer” por cuestiones sanitarias.
En un comunicado remitido a los medios, esta central ha mostrado su preocupación por el hecho de que la empresa “no haya tan siquiera valorado la solicitud de complementar la prestación por desempleo y abonar la totalidad de las pagas extras sin descuento”.
Así, ha preguntado por el cumplimiento de las medidas sanitarias al sostener que “con la presencia mínima en tiendas” será difícil que puedan llevar la tienda y al mismo tiempo garantizar que se “cumplan las medidas preventivas” de seguridad. En cuanto a los turnos partidos, ha advertido de que podrían facilitar “la contaminación cruzada”.
También la CIG ha expresado su rechazo a la medida solicitada por la empresa de manera “unilateral” pues, alega esta central, supondría suspender “otros 940 contratos” en todo el país, incluidos los servicios centrales del polígono de San Cibrao das Viñas (Ourense).
La CIG cuestiona el rechazo de la empresa a recuperar parte de las vacaciones y pagas extras de los empleados “por estar en situación de regulación temporal” así como un complemento salarial que minimice “la pérdida de las trabajadoras” durante el Erte.
Además, reclaman “la celeridad” en la apertura de tiendas y en la puesta en marcha de la producción a fin de poder reincorporar al personal “en el menor tiempo posible”.
