Los 37 infractores investigados identificaron en 55 sanciones por velocidad a un preso luso que nunca residió ni trabajó en Galicia
Una operación comandada por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil de Ourense desde el mes de junio desarticuló un grupo liderado por el dueño de un taller de coches de Maside y un ganadero de Lalín (Pontevedra) que supuestamente ayudaban a quitar multas a conductores de las cuatro provincias gallegas. La llamada operación Radar, realizada en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico, imputó a 37 conductores por un presunto delito de falsedad documental en relación a 55 denuncias administrativas, prácticamente todas por velocidad, en las que no era detenido el vehículo en el momento de la infracción, por lo que se notificaban a través del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas (CTDA) de León.
La picaresca delictiva, que evitó el pago de un total de 12.000 euros, consistía en identificar como conductor a un sexagenario portugués encarcelado en una prisión de Lisboa que nunca vivió ni trabajó en España.
Los infractores, descubiertos en controles fijos de velocidad, aunque también hay una conducción temeraria, están domiciliados en las cuatro provincias. La mayor parte son pontevedreses, aunque también hay ourensanos, lucenses y solo un coruñés.
En todos los casos, los investigados, con el fin de eludir la multa y evitar la pérdida de puntos, identificaron, por indicación de los cabecillas, a un mismo conductor, un ciudadano luso al que atribuían un lugar de residencia concreto, la vivienda vinculada a una empresa ganadera de Lalín. A este domicilio llegaban las notificaciones de correos a nombre del preso luso con la correspondiente sanción (la más habitual eran 300 euros y dos puntos de retirada). Tres residentes en ese domicilio, también imputados, se encargaban de firmar la notificación conforme el ciudadano luso vivía allí y, por tanto, le sería entregada la carta.
La operación comenzó en el mes de junio con la Jefatura de Tráfico recabó al GIAT del Subsector de Tráfico de Ourense su colaboración para identificar a un conductor incurso en un expediente administrativo tras ser interceptado por el radar de un pórtico. No obstante, los investigadores, tras un meticuloso examen de las sanciones impagadas, creen que el modus operandi delictivo se puso en marcha en el 2009 y se prolongó durante seis años.
Ese análisis les permitió descubrir el nexo en común de los expedientes: un taller de compraventa de vehículos con funciones de asesoría para los buenos clientes. Según la Guardia Civil, "se orientaba a los infractores para evitar pagar", facilitando los datos de la persona a la que debía endosarle la sanción. En un caso,el infractor llegó a pagar al cabecilla de Lalín los 300 euros de la multa. A cambio, evitó la pérdida de dos puntos del carné.
El Instituto Armado desconoce cómo los denunciados se hicieron con los datos del preso portugués, pero sí que este último en cierta ocasión solicitó un NIE en España (Número de Identificación Extranjero) por lo que la documentación presentada pudo caer en manos poco limpias. El ciudadano luso, según reconoció, nunca estuvo viviendo ni trabajando en España. En alguna ocasión, estuvo de paso, aunque no conducía.
