El fiscal ha abierto diligencias tras la denuncia del PP. Agustín Fernández dijo sentirse ante "unha auténtica conspiración, máis alá da política".
"Síntome ante unha auténtica conspiración, que ás veces penso que vai máis alá da política, para aniquilar a este alcalde, pero non para defender intereses públicos senón espúreos, escuros, moi moi particulares e concretos". Este es análisis que el alcalde de la ciudad, Agustín Fernández, realizó ayer sobre la polémica situación en la que se encuentra a raíz de la devolución del aval de 10.633 euros para la urbanización de su calle -Clara Corral Aller-, pagada finalmente con fondos del Plan E.
Una cuestión sobre la que la Fiscalía abrió ya diligencias informativas para investigar la documentación presentada por el PP por presunta malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Precisamente ayer, el alcalde acudió a Fiscalía para presentar toda la documentación sobre las licencias con las que cuenta su casa, el aval que depositó para la urbanización y la posterior devolución del mismo. También sobre "precedentes", es decir, casos de otros propietarios de distintos puntos de la ciudad a los que también se les devolvió el aval inicialmente depositado para la urbanización de calles.
La polémica sobre las aceras y farolas de la calle donde reside el alcalde dio un nuevo giro tras el último informe del interventor, Gonzalo Alonso, que concluye que procedería reclamar al regidor 27.966 euros en concepto de cuotas de urbanización. Fernández, que se mostró molesto porque "os expedientes deste Concello -el informe- os coñeza todo o mundo antes que os propios interesados", recordando el deber de custodia de documentación que tienen los funcionarios, añadió posteriormente que "neste expediente eu exercitarei as accións legais que estime pertinentes para a defensa dos meus dereitos, intereses, o meu honor e a miña imaxe".
En su comparecencia, el regidor socialista también pidió disculpas a los vecinos "non só da miña rúa" que, según él, "vanse ver afectados, probablemente grazas a don Rosendo (Fernández) e ó PP, a que teñan que pagar a urbanización da súa rúa" a pesar de que, dijo, "ningún veciño nos últimos sete anos, en calquera obra de urbanización,creo que en toda España, pagou os gastos".
“Se teño que pagar, fareino"
No obstante, a juicio de Fernández, "aquí do que se trata é de aniquilar a este alcalde e ó goberno municipal a calquera prezo e se o prezo que hai que pagar como dano colateral é prexudicar a algún veciño, impórtalles pouco".
Una vez más, el socialista insistió en que el toda la tramitación de los permisos fue legal. "Se agora o interventor considera que teño que pagar, fareino, pero se antes me devolveron o aval foi porque había informes técnicos que o avalaron", aseguró. Con todo, y dado que, según él, "hai precedentes do contrario, idénticos", el alcalde se preguntó "por que se fai agora esto co alcalde e non antes con outras persoas" y, aunque insistió en repetidas ocasiones en su percepción de una "conspiración" contra su gobierno, cuando se le preguntó quién estaría detrás contestó que "se o soubera... todo se andará".
En su comparecencia, Agustín Fernández contradijo al interventor, que en su informe asegura que en la autorización del aval se "obvió" que las obras ya las había realizado el Concello sin ningún coste para los propietarios. Y es que, a juicio del alcalde, "como non ían saber dende Infraestructuras que as obras estaban feitas con cargo ó Plan E?".
La licencia de obra de la casa del alcalde data de 1991, mientras que la de ocupación es de 2006. Fernández se preguntó ayer si el PP también estaba dispuesto a denunciar a la junta de gobierno de su partido que en aquel entonces le concedió los permisos municipales.
