Luchar contra el drama de los desahucios en personas de especial riesgo de exclusión social. Este el objetivo que persigue el convenio rubricado entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno gallego y la Federación gallega de municipios e provincias.
Pero para que sea efectivo, los concellos deben adherirse al acuerdo, tal como se puso ayer sobre la mesa en la reunión entre representante de la Xunta y la Fegamp con los alcaldes de la provincia y que tuvo lugar en la delegación territorial.
En virtud de este convenio, cuando un juez detecte una especial vulnerabilidad de un afectado por un procedimiento de ejecución hipotecaria o un desahucio por falta de pago, notificará el hecho a la Xunta, que a su vez se pondrá en contacto con los servicios sociales de los concellos para que valoren la situación . De forma complementaria, el Servizo de Coordinación de Servizos Sociais Comunitarios de Benestar se comprometió a estudiar posibles soluciones a través de los programas de inclusión social, con la posibilidad de buscar un realojo de los afectados.
En la reunión, participaron los directores xerales de Xustiza, Juan José Martín; Administración Local, Noerberto Uzal; Familia, Amparo González; el director xeral del Instituto Galego da Vivenda e Solo, Antonio José Boné, el delegado de la Xunta, Rogelio Martínez, y el vicepresidente de la Fegamp, Alfredo García.
En virtud de este convenio, cuando un juez detecte una especial vulnerabilidad de un afectado por un procedimiento de ejecución hipotecaria o un desahucio por falta de pago, notificará el hecho a la Xunta, que a su vez se pondrá en contacto con los servicios sociales de los concellos para que valoren la situación . De forma complementaria, el Servizo de Coordinación de Servizos Sociais Comunitarios de Benestar se comprometió a estudiar posibles soluciones a través de los programas de inclusión social, con la posibilidad de buscar un realojo de los afectados.
En la reunión, participaron los directores xerales de Xustiza, Juan José Martín; Administración Local, Noerberto Uzal; Familia, Amparo González; el director xeral del Instituto Galego da Vivenda e Solo, Antonio José Boné, el delegado de la Xunta, Rogelio Martínez, y el vicepresidente de la Fegamp, Alfredo García.
