El Puente Romano recibe a los viandantes del barrio pontino con una estampa poco atractiva: una acera repleta de vallas. Lo que comenzó siendo una situación “temporal” por riesgo de derrumbe cumplió tres años el pasado mes de julio sin atisbos de una solución. En A Ponte, nadie se explica qué pasa.
Desde la colocación de las vallas, en julio de 2018, el bajo hostelero más próximo ha cerrado dos veces, ante la falta de espacio para colocar su terraza. Los clientes de la farmacia situada tras el cercado, así como los vecinos del portal anexo, apenas tienen hueco para acceder a las puertas de entrada. La situación, para ellos, es insostenible desde el principio y desconocen hasta qué punto es peligroso caminar por encima de la acera.
Vecinos y negocios de la zona no comprenden la falta de interés de las administraciones, más preocupadas por la titularidad de la acera que por buscar soluciones a un problema que afea uno de los puntos turísticos más visitados de la ciudad. El pasado junio, una sentencia judicial dictaminó que el bien no pertenece al Concello, pero tampoco afirmó que fuese propiedad de la Xunta, por lo que la acera continúa sin dueño.
UNA “FÁCIL SOLUCIÓN”
Las vallas se colocaron ante el riesgo de derrumbe de la acera, que está colocada sobre parte de los pilares del Puente Romano. El exedil de Infraestructuras, Miguel Caride, reconocía en 2019 que era un problema de “fácil solución”, si no fuese por las trabas burocráticas derivadas de “falta” de titularidad. El grupo socialista de la ciudad, por su parte, reiteró en varias ocasiones que hay varios documentos en los que se recoge que la acera es propiedad de la Xunta, pero el Gobierno autonómico lo niega, y ningún juez lo ha demostrado.
La actual Concejalía de Infraestruturas cuenta con un proyecto consensuado con Patrimonio para intervenir en la zona, pero todavía no está licitado, por lo que no es posible saber cuándo se llevará a cabo. Hay quien teme que las vallas cumplan cuatro años.
