El oficial mayor del Concello, José Manuel da Cunha, declaró ayer como testigo en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, en relación a la investigación abierta, a instancias de una denuncia de DO, en el servicio de ayuda a domicilio de la ciudad con la anterior concesionaria, Troncoso Saludges Servicios Sociosanitarios. Junto a él, el juzgado había convocado a otros dos funcionarios pero, debido a deficiencias al notificar la citación, sus declaraciones fueron aplazadas para otro día.
Las declaraciones de Da Cunha se centraron en la resolución de contrato acordada entre la anterior adjudicataria del servicio y el Concello. Según aseguró el funcionario, este acuerdo se produjo después de que el Concello tuviera conocimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza anulando la concesión y que 'para evitar un perjuicio al interés público, se buscó una solución', que fue la resolución del contrato, si bien el funcionario declaró que no participó en esa decisión. Asimismo, según explicó, la cancelación del contrato tenía que pasar por el servicio de contratación aunque, en este caso, 'parece' que no lo hizo.
Con todo, para el oficial mayor ese expediente está completo y el hecho de que falte la firma de la jefa de servicio le parece una 'mera irregularidad'. Asimismo, el funcionario afirmó ante el juez que no recuerda haber puesto ninguna objeción a la concejala del área, Marga Martín, para la aprobación de ese expediente de resolución ni tampoco que le hubiera advertido de ninguna anomalía. También afirmó que la concejala, imputada en esta causa instruida por delitos aún sin especificar, no tiene intervención en los decretos de pago.
Con todo, para el oficial mayor ese expediente está completo y el hecho de que falte la firma de la jefa de servicio le parece una 'mera irregularidad'. Asimismo, el funcionario afirmó ante el juez que no recuerda haber puesto ninguna objeción a la concejala del área, Marga Martín, para la aprobación de ese expediente de resolución ni tampoco que le hubiera advertido de ninguna anomalía. También afirmó que la concejala, imputada en esta causa instruida por delitos aún sin especificar, no tiene intervención en los decretos de pago.
