La OLAF recomendaba la determinación de posibles ilícitos penales en el proceso administrativo desarrollado por la Diputación
El auto del juez Antonio Piña que archivó el procedimiento penal en torno a la licitación y adjudicación de las 100 plantas depuradoras de la Diputación incluidas en los proyectos Daredo y Deputrans discrepa con las supuestas irregularidades alertadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y que dieron pie a una denuncia del PSOE y el BNG.
La OLAF recomendaba la determinación de posibles ilícitos penales en el proceso administrativo desarrollado por la Diputación, que contó con una subvención europea de 10,12 millones. Sobre la adjudicación y licitación para la compra e instalación de las depuradoras a la empresa Soluciones Medioambientales y Agua (SMA) y con la contratación de asistencias técnicas a Netglobal, del mismo grupo, el juez indica que se hizo por procedimiento abierto y con publicidad en marzo de 2003. En la investigación judicial, el perito afirmó que las características técnicas exigidas "eran las de mercado y no se apreciaron elementos predeterminados en favor de una de las empresas".
El magistrado, en su resolución, pone de manifiesto su discrepancia con la OLAF al no ver incidencia penal en la exigencia de caracterís- ticas técnicas accesorias que para los investigadores europeos "suponían una restricción de la competencia", pues eso sólo tendría relevancia penal "si fuesen predeterminadas hacia una empresa" y de esto no existen indicios. El instructor también descarta del ámbito penal otras apreciaciones de la OLAF como las referidas a la generación de lodos o el supuesto conocimiento previo que podía tener la empresa SMA para certificarlos antes de que fuese una exigencia. "No hay, además, ningún dato que permita conectar esa actuación de la empresa con la de ninguno de los funcionarios de la Diputación", concluye el juez en el auto.
El juez acordó el archivo en relación a la adjudicación de las depuradoras, pero insta a continuar la investigación para averiguar si es delictiva la contratación de las asistencias técnicas a Netglobal el 21 de enero de 2004. La Diputación firmó 10 contratos de asistencias por 280.800 euros para redactar fichas técnicas de los municipios donde se instalarían las depuradoras, con objeto de redactar los proyectos de obra civil para las plantas y para la dirección de las obras. "Este aspecto es el menos desarrollado en las investigaciones ante la imposibilidad de localizar al que era gerente de Netglobal", reza el auto, por lo que opta por seguir la instrucción de las diligencias pre- vias en las que figura como imputado el jefe del servicio de Aguas de la Diputación, Javier Bobe, el responsable de la contratración de las asistencias técnicas.
