La Fiscalía Provincial de Ourense acordó archivar la denuncia contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por su decisión de bajar ininterrumpidamente los bolardos del Casco Vello, pero abre la puerta a que los afectados que adquirieron los dispositivos para acceder al centro histórico puedan reclamar ante el contencioso administrativo indemnizaciones por la responsabilidad patrimonial del Concello.
La fiscalía acordó archivar las diligencias informativas por presunta malversación y prevaricación tras una denuncia anónima, que se presentó un año después de la decisión tomada por Jácome en febrero de 2020 de suprimir el control de acceso al centro histórico. Considera la fiscal jefa que no hay “indicios suficientes de la existencia de un delito de malversación de caudales públicos”.
En el decretose recoge que “por más que la actuación del alcalde no se suejtase al procedimiento, utilizando la vía de hecho, difícilmente podría calificarse de arbitraria su decisión, desde el punto de vista penal, cuando no existe advertencia o reparo por parte del secretario”. Además, considera la fiscal jefe que está fundamentada la decisión de suprimir los bolardos en “los daños materiales o vehículos y personales a los viandantes causados por sistema de bolardos”. Sobre el “supuesto grave perjuicio patrimonial”, no ve ilícito penal, pero abre la vía a la responsabilidad patrimonial del Concello.
VALORACIÓN DE JÁCOME
Jácome tildó de “cobarde y surrealista” la denuncia, “una pérdida de tiempo de funcionarios ”. Además, aseguró en su día que sospechaba de “un policía local y otro funcionario del Concello por la forma de escudriñar las ordenanzas municipales”, cuestionando “dónde estaba la relación entre bajar unos bolardos y malversación de fondos”. n
