Arrolla a un pizzero en Ourense tras salir de prisión por un siniestro mortal

Carlos P.P., de 36 años, salió de la cárcel de Pereiro de Aguiar el pasado 28 de abril, tras estimar la Audiencia provincial el recurso de apelación de su letrada y después de haber estado casi ocho meses en prisión provisional en relación al accidente de tráfico ocurrido el 7 de septiembre del pasado año en la N-525 (Ourense) en el que murió un motorista. En ese sumario está procesado por un homicidio doloso (con penas que van hasta los 15 años de cárcel), omisión del deber de socorro y dos delitos contra la seguridad vial (conducir bajo los efectos de las drogas/alcohol y sin permiso). Él niega ir en el coche que se embistió a la víctima . Según su versión, había dejado su Audi A4 tipo ranchera a un colega con el que compartió juerga nocturna, la misma persona que le confesó a la Policía Nacional que Carlos colisionó con la moto y no quiso parar porque no tenía carné. El pasado lunes por la tarde volvió al juzgado de guardia -le consta un historial con 29 detenciones- ya que había sido detenido esa misma madrugada (00,10 horas) por un accidente de tráfico en la confluencia de Progreso con la calle Coruña. En esta ocasión Carlos P.P., que iba con un conocido en el coche, supuestamente arrolló a un pizzero que resultó lesionado (fuerte golpe craneal y fractura de una costilla) y tuvo que ser evacuado al servicio de Urgencias del CHUO. En la primera prueba de alcohol, ya que se negó a hace la segunda, arrojó 1,12 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (el máximo permitido son 0,25 mg/l). También declinó hacer el test de drogas. En la comparecencia judicial en Instrucción 3, a la que asistió la fiscal que acusará en el accidente mortal, no pidió prisión provisional pero la jueza adoptó varias medidas cautelares: prohibición del derecho de conducir así como la obtención de la licencia; comparecencias diarias en el juzgado así como la prohibición de aproximación y comunicación con el hombre con el que viajaba. Según fuentes cercanas al caso, lo amenazó en el lugar del accidente y en la comisaría a través de un comentario que le hizo a su novia cuando la llamó por teléfono -Partirle la cabeza cuando salga"-. En un primer momento, Carlos P.P. negó que fuese el conductor y responsabilizó a su acompañante, aseguran fuentes de la investigación. Asimismo, en el interior del coche aparecieron ocho móviles, pero ninguno de ellos consta denunciado. En esta nueva causa, según fuentes judiciales, se le investiga por lesiones por imprudencia grave, delitos contra la seguridad vial -conducción a una velocidad superior a la permitida, sin permiso, bajo la influencia de bebidas alcohólicas y negativa a la prueba- y obstrucción de la justicia. En las diligencias se hizo constar que Carlos P.P. fue inhabilitado para conducir durante dos años por el Penal 2. Si bien la prohibición se extendía hasta el 26 de mayo de 2020, necesitaba un curso de reeducación y sensibilización vial para volver a conducir y no consta que lo haya realizado. “Una sanción administrativa" La abogada que le representa asegura que su cliente ya tenía el permiso de conducir desde finales de mayo porque la inhabilitación judicial había concluido, aunque le restaba el curso. Pero, según matiza, la falta del curso no tiene por qué ser delictiva y se puede zanjar con una sanción administrativa. La letrada asegura que no se le investiga por obstrucción a la justicia ya que no aparece reflejado en ningún punto del auto en el que se acuerdan las medidas cautelares. Y, matiza, el acompañante no ha denunciado amenazas ni coacciones de ningún tipo. Apunta otro dato que, según asegura, pedirá investigar: "A esta defensa le sorprende que Carlos tenga heridas de fricción en el brazo, así consta en el parte del PAC de Concejo, cuando a él no le pasó nada en el accidente". A su entender, pudieron producirse durante la detención. Y recuerda que aún no está claro cómo se produjo el accidente para responsabilizar a su defendido de la causación del mismo.