El excomisario reconoce que el agente muerto tras autoinculparse no figuraba entre los sospechosos
El inspector y los funcionarios de la unidad de Asuntos Internos que metieron en el mismo saco el robo de seis armas en la comisaría y el delito de tráfico de drogas imputado a cuatro policías en la trama de la operación Zamburiña regresaron a la ciudad. Esta vez, con una actitud menos displicente respecto a los agentes ourensanos, dispuestos a colaborar con la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) que trata de ahondar en si el agente Celso Blanco, quien se suicidó el pasado sábado, contó con algún cómplice a la hora de sustraer las armas y escribir los anónimos para incriminar a determinados funcionarios policiales. Pero queda pendiente el hallazgo de dos pistolas y un revólver ya que la víctima sólo puso a disposición policial antes de morir tres de las seis armas robadas.
El ex responsable de la Comisaría de Policía en Ourense, Amable Valcárcel, reconoce que el suicidio de Blanco, tras inculparse del robo de las armas y los anónimos que incriminaban en graves delitos a compañeros, no solo le provocó consternación sino un sentimiento de incredulidad ya que, según apunta, no figuraba como sospechoso. Los investigadores, comandados por Valcárcel hasta hace 15 días, sabían que el anónimo remitido a Asuntos Internos dando cuenta de una supuesta corrupción policial, partió en noviembre de 2014 de un ordenador del aula de informática, aledaña al despacho de la víctima, pero aún faltaban pruebas para ponerle nombre y apellidos al autor.
Con todo, el ex comisario cree que el malogrado policía no estuvo solo en la enrevesada trama urdida para que Asuntos Internos iniciara una investigación el 4 de marzo de 2015-fecha del oficio en el que esa unidad reclama al juez intervenciones telefónicas-, justo después del segundo anónimo recibido por algunos medios de comunicación dando cuenta del robo de seis armas en comisaría y, por tanto, aireando el escándalo.
Mantiene que Antonio R.F., el inspector al que premió el 12 de diciembre de 2014 por su efectividad en el turno de noche, dándole la jefatura del grupo antidroga, y que un año después acabó imputado en la Zamburiña por supuestamente colaborar con traficantes, no fue quien consultó las bases de datos del DNI para pasar información-fotos-de los policías de grupos de investigación a delincuentes, así como la aplicación Atlas para las matrículas de vehículos, tal como sostuvo Asuntos Internos. Aunque la auditoría realizada a las aplicaciones y las bases de datos policiales en 2014 (hasta19 consultas de DNI, 13 referidas a policías) determinó que los accesos las realizó Antonio R.F., en torno a las diez de la noche, el excomisario sostiene que utilizaron su clave para "amañar" pruebas en contra. Según parece, es frecuente el uso de registros de compañeros para este tipo de consultas. Con ello, el autor del anónimo, del que se responsabilizó el policía fallecido, trataba de incriminar a Antonio R.F., acusándolo de facilitar informa-ción y datos personales de policías a los narcotraficantes de la ciudad.
La operación Zamburiña, en la que están imputadas 15 personas, cuatro de ellas agentes del grupo de drogas, se sustenta en pinchazos telefónicos autorizados en base al anónimo y las consultas realizadas por Antonio R.F. en las bases de datos. Ya, en segundo plano, Asuntos Internos aportó seguimientos al citado inspector y el análisis de atestados "sospechosos" con detenciones realizadas por él .
Las intervenciones telefónicas fueron autorizada el 5 de marzo de 2015 por el juez Leonardo Álvarez, quien reabrió así las diligencias de 5 de septiembre de 2014 en relación al robo de tres armas, con el visto bueno del ministerio fiscal. Precisamente, el juez, ante la petición de algunos abogados, planteó el 28 de marzo de este año un incidente de nulidad sobre el auto de 5 de marzo de 2015 que autorizó las escuchas. Jorge Temes, el letrado de Josefa P., alias "Pucha", una de las supuestas traficantes favorecidas a nivel policial, no entiende porqué el anónimo remitido el 11 de noviembre de 2014 a Asuntos Internos no fue incorporado como tal a la causa hasta el 15 de febrero de este año (sólo aparecen referencias al mismo y un solo párrafo entrecomillado). A su juicio, Asuntos Internos ocultó información al juez para inducirlo a error en la valoración de las pruebas.
Y considera conveniente que el jefe de la unidad que comandó la investigación explique por qué recibieron el anónimo el 11 de noviembre de 2014 y, sin embargo, no intervinieron en el asunto hasta marzo de año siguiente.
