El Ministerio Fiscal solicitó ayer cinco años de prisión para Carlos Pérez Pérez, Alfredo López González 'Fredy' y Dámaso Fernández García (que actualmente ya está en prisión provisional por el atraco a una caja de ahorros en Toén, el pasado mes de noviembre) por un supuesto robo con intimidación ocurrido el 20 de octubre de 2008, en el que, según el Fiscal, sustrajeron a la víctima 400 euros en metálico, un reloj y un teléfono móvil (valorados en 100 euros).
Los abogados de la defensa intentaron demostrar que, en realidad, no se trataba de un robo, sino del impago de 10 gramos de cocaína, cuyo valor de mercado en la calle coincidiría con la cantidad reclamada por el denunciante. Los tres letrados de oficio coincidieron en solicitar a la Fiscalía la absolución de cada uno de los acusados por falta de pruebas, contradicciones 'múltiples' en la declaración de la víctima y por tratarse de un robo inferior a 400 euros, cantidad no tipificada como delito en el Código Penal, sino como falta.
Según la versión del denunciante, los acusados lo invitaron fortuitamente a montar en el coche para ir a tomar copas a un bar situado en Moreiras (Toén), sin embargo, se dirigieron a O Polvorín, donde uno de ellos lo encañonó con un escopeta recortada, mientras le pedían que les diese todo lo que llevaba encima, que eran 400 euros, un reloj y un teléfono móvil.
Los acusados mantuvieron las declaraciones realizadas tras su detención el 24 de octubre de 2008 y relataron al juez que, el día de los hechos, llamaron al denunciante para solicitarle droga, ya que Alfredo López García le había comprado estas sustancias con anterioridad. La intención desde un principio, según reconocieron, era no pagarle ninguna cantidad económica. Para ello, Carlos Pérez Pérez y Dámaso Fernández García llevaron en coche al denunciante a un descampado situado en O Polvorín. Mientras el primero de ellos probaba la calidad de la cocaína, el segundo le dijo a la supuesta víctima que lo acompañase al maletero, indicándole que allí estaba el dinero para pagarle. Cuando salieron del coche, Dámaso Fernández García se volvió a introducir rápidamente en el vehículo, aprovechando el despiste, para darse a la fuga.
Los abogados presentaron al juez varias declaraciones con supuestas contradicciones del denunciante, como el lugar en el que estaba la escopeta, la existencia de llamadas previas para citarse con los acusados, el tipo de relación anterior con éstos y el motivo de la tardanza en presentar la denuncia, que no se produjo hasta tres días después de suceder los hechos. Por todo ello, la defensa alegó que la denuncia carecía de fundamento y de pruebas de cargo.
Según la versión del denunciante, los acusados lo invitaron fortuitamente a montar en el coche para ir a tomar copas a un bar situado en Moreiras (Toén), sin embargo, se dirigieron a O Polvorín, donde uno de ellos lo encañonó con un escopeta recortada, mientras le pedían que les diese todo lo que llevaba encima, que eran 400 euros, un reloj y un teléfono móvil.
Los acusados mantuvieron las declaraciones realizadas tras su detención el 24 de octubre de 2008 y relataron al juez que, el día de los hechos, llamaron al denunciante para solicitarle droga, ya que Alfredo López García le había comprado estas sustancias con anterioridad. La intención desde un principio, según reconocieron, era no pagarle ninguna cantidad económica. Para ello, Carlos Pérez Pérez y Dámaso Fernández García llevaron en coche al denunciante a un descampado situado en O Polvorín. Mientras el primero de ellos probaba la calidad de la cocaína, el segundo le dijo a la supuesta víctima que lo acompañase al maletero, indicándole que allí estaba el dinero para pagarle. Cuando salieron del coche, Dámaso Fernández García se volvió a introducir rápidamente en el vehículo, aprovechando el despiste, para darse a la fuga.
Los abogados presentaron al juez varias declaraciones con supuestas contradicciones del denunciante, como el lugar en el que estaba la escopeta, la existencia de llamadas previas para citarse con los acusados, el tipo de relación anterior con éstos y el motivo de la tardanza en presentar la denuncia, que no se produjo hasta tres días después de suceder los hechos. Por todo ello, la defensa alegó que la denuncia carecía de fundamento y de pruebas de cargo.
