El caso comenzó en 2006 con la denuncia presentada por el BNG en Arnoia, donde Rogelio Martínez era alcalde, por mal uso de fondos europeos
La Audiencia Provincial de Ourense ha emitido un auto en el que rechaza los 10 recursos presentados contra la celebración del juicio contra el actual delegado de la Xunta en la provincia, Rogelio Martínez, y otros nueve imputados por posibles delitos relacionados con la gestión de fondos europeos.
El auto, al que tuvo acceso Europa Press, la Audiencia resuelve 10 recursos presentados por varios imputados y el propio fiscal en los que argumentaban que los posibles delitos ya prescribieron, que la cuantía de los fondos supuestamente defraudados no llega al mínimo requerido para ser considerado delito y que un proceso con tribunal de magistrados no era el adecuado para este caso.
Los recursos fueron presentados, según el citado auto, tras la resolución del juzgado de Ribadavia de octubre de 2013 que dictaminó la "continuación de la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado", en relación a los hechos imputados a Rogelio Martínez González por su etapa como alcalde de Arnoia.
El resto de los imputados, que ahora podrían convertirse en procesados, son: Pablo Fernández Loureiro, Juan Emilio Aparicio Estévez, Gumersindo Álvarez Rodríguez, Gumersindo Álvarez Martínez, Miguel Reza Paz, María Carmen Gallego Nespereira, Severino Vieira Nieto, Alfredo Lázaro Gutiérrez Vázquez, Ramón Souto Domínguez y Adrián Souto Prado.
La Audiencia, en su escrito, considera que el auto de octubre de 2013 del juez instructor de Ribadavia ya determina los "hechos punibles y las personas imputadas" y deja "refutados tanto los argumentos en relación a la inexistencia de indicio de criminalidad como proclamando con acierto que es innecesario hacer determinada calificación jurídica o descripción concreta de tipos penales".
TODO PARA EL JUICIO
En su escrito, la Audiencia determina que el plenario -el juicio- determinará "si los indicios de reproche penal que se deducen son o no susceptibles de elevarse a la categoría de prueba de cargo", y alude a la "reiterada cuestión" planteada en los recursos sobre la posible prescripción de los delitos de falsedad en documento público y sobre la cuantía mínima para que se aprecie un delito de fraude de subvenciones.
En ese sentido, considera que ese debate "desborda este trance procesal", por lo que será cuestión que se aclarará también en el plenario, según las fuentes jurídicas consultadas.
Finalmente, deja patente que esta resolución conocida este jueves -y que rechaza los 10 recursos contra el auto anterior- es "firme y contra ella no cabe recurso ordinario alguno".
VISIÓN DE LA D
