ROBOS EN LOS JUZGADOS

Un auto judicial le impedía ir al médico

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photo_camera El PAC de la Calle Concejo.

El auto que prohíbe al trabajador del Pazo de Xustiza investigado por robos en los juzgados acercarse a las dependencias en las que ocurrió el delito tuvo que modificarse. Los 300 metros del alejamiento le impedían también ir al médico

El juez de instrucción 2 de Ourense, Luis Doval, acaba de modificar el auto que impedía a un trabajador del servicio judicial de Ourense imputado en un delito continuado de robo con fuerza en las cosas acudir al Punto de Atención Continuada (PAC) de la calle Concejo. El magistrado, atendiendo una petición del investigado, José Manuel R.I., redujo los metros del alejamiento con respecto al Pazo de Xustiza y al nuevo edificio judicial.

La jueza de guardia que le tomó declaración cuando el imputado fue detenido, el 6 de marzo del pasado año, le impuso la prohibición de acercarse a menos de 300 metros a ambos edificios judiciales, que ahora quedan reducidos a sólo 10.

Esta decisión está amparada en las limitaciones de movimiento y sus consecuencias prácticas que el anterior auto imponía al trabajador-personal laboral de la Xunta-, quien ejercía de responsable de las tareas de mantenimiento en el Pazo de Xustiza de Concepción Arenal. Así, según alegó este último fin de semana, la medida cautelar le impidió ir al médico ante una indisposición de urgencia, ya que el PAC está situado solo a 30 metros del viejo edificio judicial que hoy acoge la sede de la Audiencia provincial de Ourense.

A José Manuel R.I. la juez le prohibió acercarse al inmueble en el que trabajó durante años al reconocer, tras su detención, que había robado de los juzgados y del despacho de la secretaria de la Audiencia de la sección segunda distintas piezas de convicción (pruebas de delitos), un portátil, móviles y joyas, fundamentalmente. Entre la alhajas, estaban los relojes del farmacéutico jubilado Luis Milia, a quien supuestamente mató un joven rumano en octubre de 2013 para apoderarse de las piezas en oro de su colección privada.

La mayoría de los objetos sustraídos fue localizada en las dependencias que solía frecuentar: una sala a la entrada del Pazo y el almacén ubicado en el sótano del edificio de juzgados. En su momento, reconoció que había robado las joyas para paliar los problemas económicos por los que estaban pasando miembros de su familia.

Los juzgados afectados por la desaparición de piezas de convicción fueron Instrucción 1, Instrucción 3 y la Audiencia provincial, por lo que el caso acabó recayendo en el único juzgado que no se vio afectado, el número 2.

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