La junta que debe urbanizar pide los 162.874 euros depositados, pero el Concello se los deniega
La urbanización del entorno de la residencia universitaria, uno de los requisitos para legalizar su situación, continúa siendo un motivo de enfrentamiento entre la junta de compensación del polígono en la que se integra -cuyo secretario es el promotor Bautista Rodríguez, con varios conflictos judiciales con el Concello- y la institución municipal. La primera insiste en reclamar la fianza de 162.874 euros depositada en su día por Siresa, la concesionaria del equipamiento público, para realizar esas obras. El Concello, por su parte, entiende que es a la junta de compensación a la que le corresponde asumir la urbanización.
Ante esta situación, los propietarios del polígono han vuelto a reclamar esa caución "porque respondía de la ejecución de esas obras" que, no obstante, 14 años después de ser presentado el aval, sería insuficiente para acometer toda la obra. En el escrito, la junta de compensación entiende que si el Concello no le facilita esa cantidad "incurriría en una apropiación indebida" y advierte de que "presentaremos la correspondiente querella contra los miembros de la junta de gobierno local y técnicos y jurídicos que informen negativamente esta solicitud".
Mientras, la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, asegura que son los técnicos municipales los que tienen que realizar los correspondientes informes al respecto pero que corresponde a los propietarios del ámbito hacerse cargo con el coste económico de toda la urbanización del mismo. Asegura que el aval continúa en manos del Concello e insiste en que el entorno de la residencia universitaria debe ir incluido en la primera fase de urbanización de los trabajos.
De hecho, la programación de las obras es motivo de otro enfrentamiento entre Urbanismo y la junta de compensación. Mientras la segunda solicitó un plazo de cuatro años para realizar las obras en todo el ámbito, el departamento municipal entiende que las obras de urbanización de la residencia deben acometerse en el primer año. Si este conflicto retrasa la ejecución de los trabajos, la residencia, que deberá cerrar por orden judicial (a principios de agosto) no podrá legalizar su situación y pedir nueva licencia.
