Dice estar tranquilo porque ha obrado 'correctamente', sin que haya un informe técnico que le advirtiese de ilegalidad alguna en la contratación de personal eventual tanto en 2010 como 'noutros anos' porque, además, fueron contratos que se efectuaban en función del crédito disponible y no consolidaron puestos de trabajo en la Diputación.
Así explica el anterior presidente de la institución, José Luis Baltar, su actuación en la contratación de personal eventual que desencadenó en junio de 2010 una denuncia del PSdeG ante la Fiscalía de Ourense y que el fiscal jefe, dos años y medio después, ha decidido impulsar, planteando una querella contra el expresidente por un presunto delito continuado de prevaricación en la contratación de personal.
La querella es consecuencia de la investigación realizada por el fiscal Florentino Delgado, que decide abrir ahora un caso que también fue remitido por los socialistas a la Fiscalía general del Estado, en junio pasado, y que fue archivado porque, en palabras del fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, la documentación enviada era 'poco precisa'. Otra denuncia planteada por los socialistas ante la Fiscalía Anticorrupción tampoco prosperó, al inhibirse esta institución en favor del ministerio público de Ourense.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, que preside Leonardo Alvarez, el magistrado que instruyó el 'caso de los paneles', recibió ya los más de 300 folios que integran la querella presentada por la Fiscalía el pasado 28 de diciembre.
Están en cuestión 131 contratos formalizados poco antes del congreso provincial del PP que en enero de 2010 consumó el relevo en la dirección del partido, que recayó en Manuel Baltar Blanco.
EL AVAL DE LOS TÉCNICOS
José Luis Baltar descartaba ayer cualquier relación de las contrataciones realizadas con la sucesión en la dirección del PP: 'Non hai máis que ver os nomes dos 1.400 compromisarios e dos contratados para ver que non coinciden', dijo, insistiendo en todo momento en que no hubo nunca 'advertencia de ilegalidade por parte dos técnicos da Deputación'. Por ello, dice estar 'tranquilo, sei que obrei correctamente', y se pone a disposición del juez. Precisa ya que todos aquellos contratos formalizados fueron temporales, con una duración media de tres meses; los trabajadores volvieron al paro al faltar el crédito para pagarles; por eso, precisa, 'era de xustiza contratar ós mesmos cando volveu haber crédito para formalizar novos contratos', que permitieron reforzar servicios administrativos y de brigadas de obra, fundamentalmente.
El actual presidente de la Diputación, Manuel Baltar, se limitó a precisar que respeta las actuaciones judiciales aunque de la querella no tenía constancia oficial, y apela, en 'un estado de derecho, a dos cuestiones claves: la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de todos los ciudadanos'.
'ESTABAN BIEN HECHAS'
El vicepresidente de la Diputación y portavoz municipal del PP en la ciudad, Rosendo Fernández, aseguró en un acto institucional que las contrataciones 'estaban bien hechas' porque, además, nunca generaron reclamaciones del personal. Sí se quejó de que no hubiese comunicación oficial alguna sobre la querella en la Diputación. Fernández aseguró también que ninguno de estos hechos 'enturbia' el trabajo diario de la institución, que continúa con sus labores habituales, y reiteró su 'respeto a los procesos judiciales y la presunción de inocencia'. Asimismo, afirmó que 'nunca hubo ningún problema judicial y no lo habrá'.
Mientras, el portavoz socialista en la Diputación, José Ignacio Gómez, dijo sentir una sensación 'agridulce', por la satisfacción de ver 'que por fin, esta vez sí, los ciudadanos podrán darse cuenta de lo ocurrido de forma habitual en la Diputación'. El aspecto agrio está en la tardanza en la presentación de la querella. Además, dice que la pena de inhabilitación que correspondería para José Luis Baltar ya no llega a tiempo, pues está fuera de la política, tras haber renunciado a la presidencia de la institución hace ya casi un año.
La querella es consecuencia de la investigación realizada por el fiscal Florentino Delgado, que decide abrir ahora un caso que también fue remitido por los socialistas a la Fiscalía general del Estado, en junio pasado, y que fue archivado porque, en palabras del fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, la documentación enviada era 'poco precisa'. Otra denuncia planteada por los socialistas ante la Fiscalía Anticorrupción tampoco prosperó, al inhibirse esta institución en favor del ministerio público de Ourense.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, que preside Leonardo Alvarez, el magistrado que instruyó el 'caso de los paneles', recibió ya los más de 300 folios que integran la querella presentada por la Fiscalía el pasado 28 de diciembre.
Están en cuestión 131 contratos formalizados poco antes del congreso provincial del PP que en enero de 2010 consumó el relevo en la dirección del partido, que recayó en Manuel Baltar Blanco.
EL AVAL DE LOS TÉCNICOS
José Luis Baltar descartaba ayer cualquier relación de las contrataciones realizadas con la sucesión en la dirección del PP: 'Non hai máis que ver os nomes dos 1.400 compromisarios e dos contratados para ver que non coinciden', dijo, insistiendo en todo momento en que no hubo nunca 'advertencia de ilegalidade por parte dos técnicos da Deputación'. Por ello, dice estar 'tranquilo, sei que obrei correctamente', y se pone a disposición del juez. Precisa ya que todos aquellos contratos formalizados fueron temporales, con una duración media de tres meses; los trabajadores volvieron al paro al faltar el crédito para pagarles; por eso, precisa, 'era de xustiza contratar ós mesmos cando volveu haber crédito para formalizar novos contratos', que permitieron reforzar servicios administrativos y de brigadas de obra, fundamentalmente.
El actual presidente de la Diputación, Manuel Baltar, se limitó a precisar que respeta las actuaciones judiciales aunque de la querella no tenía constancia oficial, y apela, en 'un estado de derecho, a dos cuestiones claves: la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de todos los ciudadanos'.
'ESTABAN BIEN HECHAS'
El vicepresidente de la Diputación y portavoz municipal del PP en la ciudad, Rosendo Fernández, aseguró en un acto institucional que las contrataciones 'estaban bien hechas' porque, además, nunca generaron reclamaciones del personal. Sí se quejó de que no hubiese comunicación oficial alguna sobre la querella en la Diputación. Fernández aseguró también que ninguno de estos hechos 'enturbia' el trabajo diario de la institución, que continúa con sus labores habituales, y reiteró su 'respeto a los procesos judiciales y la presunción de inocencia'. Asimismo, afirmó que 'nunca hubo ningún problema judicial y no lo habrá'.
Mientras, el portavoz socialista en la Diputación, José Ignacio Gómez, dijo sentir una sensación 'agridulce', por la satisfacción de ver 'que por fin, esta vez sí, los ciudadanos podrán darse cuenta de lo ocurrido de forma habitual en la Diputación'. El aspecto agrio está en la tardanza en la presentación de la querella. Además, dice que la pena de inhabilitación que correspondería para José Luis Baltar ya no llega a tiempo, pues está fuera de la política, tras haber renunciado a la presidencia de la institución hace ya casi un año.
