Los presidentes de la Xunta y la Diputación provincial, Alberto Núñez y Manuel Baltar, se reunirán mañana, en un encuentro que éste último afronta 'sin temas tabú'. Baltar Blanco busca un compromiso de la Administración gallega para cofinanciar los servicios sociales que la Xunta puso, con un decreto a finales del pasado marzo, en manos de las diputaciones para los concellos de menos de 20.000 habitantes. En el caso de Ourense, todos menos el de la ciudad (91).
Además de abordar ese plan provincial de servicios sociales, sobre la mesa estarán otras cuestiones relevantes para la provincia, 'dende Manzaneda ata o consorcio provincial de bombeiros, temas culturais, turismo, termalismo, o Hospital 2050, o edificio xudicial, os centros de saúde...', detallaba ayer Manuel Baltar, quien remitió una relación de asuntos por escrito a Feijóo para que éste disponga de la información necesaria y pronunciarse ambos 'publicamente' sobre la situación al finalizar la reunión.
El presidente de la Diputación considera que es momento de que la provincia goce de 'equilibrio' con las de la costa, argumentando que ante el discurso 'respectable' de la población 'hai outro, que é o do territorio. Hai que apostar porque o territorio gañe poboación'. A juicio del presidente provincial, Ourense está 'reivindicando o xusto', por lo que pidió 'que se manteña a intensidade do compromiso da Xunta', aunque es consciente de la difícil situación económica actual que, entre otras cosas, minimiza las aportaciones económicas del Estado y la Xunta en las arcas de la Diputación.
El presidente de la Diputación considera que es momento de que la provincia goce de 'equilibrio' con las de la costa, argumentando que ante el discurso 'respectable' de la población 'hai outro, que é o do territorio. Hai que apostar porque o territorio gañe poboación'. A juicio del presidente provincial, Ourense está 'reivindicando o xusto', por lo que pidió 'que se manteña a intensidade do compromiso da Xunta', aunque es consciente de la difícil situación económica actual que, entre otras cosas, minimiza las aportaciones económicas del Estado y la Xunta en las arcas de la Diputación.
