El grupo provincial del BNG en Ourense ha tachado este jueves de 'dislate' que la Diputación ofrezca 'asistencia jurídica' al funcionario imputado por la gestión de fondos europeos destinados a la instalación de 104 minidepuradoras y ha pedido que se 'retire de inmediato' este ofrecimiento de ayuda.
En un comunicado, los nacionalistas aluden a la información, publicada por 'La Voz de Galicia', según la cual la Diputación ofrece asistencia jurídica al ingeniero del servicio de Aguas del ente provincial Javier B.V., que será el primero llamado a declarar como imputado por el juzgado de instrucción que investiga el caso, pues su firma certifica la ejecución de las obras.
'Que la institución que tiene que velar por el cumplimiento estricto de la legalidad por parte de sus trabajadores le preste asesoramiento a alguien que supuestamente vulneró esa legalidad en el ejercicio de sus funciones parece inapropiado', critica el BNG, que considera que se trata de 'un paso más en el blindaje político' que la Diputación 'pretende' dar a las personas que intervinieron en los procesos de adjudicación investigados.
Los nacionalistas apuntan que desconocen si el funcionario ha se ha acogido a esta 'prebenda', pero han dirigido al presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, la petición de que 'deje sin efecto y retire de inmediato la posible ayuda ofrecida', puesto que las imputaciones 'parecen bastante fundadas y, por eso y con arreglo al principio de cautela, la institución debe medir mucho la ayuda que presta'.
Además, indican que 'en ningún caso se produciría la indefensión' de este funcionario, pues puede acudir ante el juez con un abogado privado o pedir uno de oficio.
El imputado está citado parra el día 7 a las 10,00 horas. Su declaración se sumará a la documentación presentada el pasado 3 de octubre por los grupos de la oposición en la Diputación, PSOE y BNG y a la que el juez haya podido reclamar a la institución provincial.
Un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) remitido a la Diputación de Ourense por el Ministerio de Hacienda en septiembre de 2013, recoge el seguimiento realizado por comisarios europeos al proceso de adjudicación y certificación de la obra civil, suministro, instalación y control técnico de más de un centenar de minidepuradoras incluidas en los programas Deputrans y Daredo, que recibieron como cofinanciación 10,123 millones de euros procedentes de fondos europeos.
En el informe de la Olaf se alude a la existencia de irregularidades 'en la compra de las plantas depuradoras y en los contratos de asistencias técnicas'.
