Un bufete jurídico ajeno al Concello presentará en junio el pliego de condiciones que regirá la elaboración de un nuevo Plan de Urbanismo en la ciudad. Ese pliego, que tendrá que ser aprobado en pleno, tendrá que adaptarse, por supuesto, a la nueva Ley de Contratos del Estado. Las bases que regularán la cartografía adjunta las elaboran, sin embargo, los técnicos municipales, y todo ello obligará a una modificación de créditos para pagarlo, pese a que la Xunta subvencionará parte de la redacción del Plan.
Ya ha sido encargado y se entregará en junio pues el área municipal de Urbanismo, que urge una alternativa a la actual situación urbanística en la ciudad, sólo dio un mes de plazo. Un bufete jurídico ajeno al Concello ultima el pliego de bases que regirá la elaboración del futuro Plan xeral de Ordenación Municipal (PXOM).
El informe deberá estar entregado en junio, adaptarse a la Ley de Contratos del Estado y sentar las condiciones medioambientales que el Gobierno central exige ahora a toda normativa urbanística y que pasan por informes de impacto ambiental para garantizar que toda nueva urbanización que se construya disponga de abastecimiento de agua, precisamente algo que el Plan actual incumple en áreas como A Farixa -el Concello llegó a pedir más captación de agua del Miño para las viviendas de Eroski- o Barrocás, donde un promotor debe construirse un depósito de agua potable para garantizar el suministro a sus pisos.
Al mismo tiempo, técnicos municipales avanzan también en otro pliego, el que ha de regir la elaboración de toda una nueva cartografía y que incluirá un nuevo visionado aéreo de la ciudad. Para ello, trabajan conjuntamente funcionarios de Infraestructuras y Urbanismo con la oficina del catastro.
La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, señaló que, además, todos estos trabajos, junto a los gastos que supondrán la interposición de recursos de casación -cuatro más en los últimos días, por las nuevas sentencias anulatorias que se conocieron recientemente-, obligarán al gobierno municipal a asumir una modificación de créditos, aunque la Xunta, a través de la Consellería de Política Territorial, haya comprometido ya una ayuda económica para la redacción de un nuevo planeamiento, una subvención que pudiera rondar el 50 por ciento del gasto que se genere. El gasto de elaboración del PXOM durante el mandato de Manuel Cabezas superó el millón de euros.
Negociación urgente con la Xunta
Al mismo tiempo que se sientan las bases para redactar un nuevo PXOM, el Concello negocia con la Consellería de Política Territorial las fórmulas para evitar el bloqueo urbanístico en la ciudad si el Tribunal Supremo no admite a trámite los recursos de casación presentados. Y si son admitidos y se tardan años en resolverlos, el Concello, recuerda Soto, tendrá que afrontar cuanto antes cuestiones que no pueden permanecer como están, como es el caso de la anulación del planeamiento en un área de reparto de A Ponte o insistir en que las construcciones previstas tengan la garantía del abastecimiento de agua, para lo que negocia con Aquanorte una solución que evite, por ejemplo, los periódicos fallos del suministro en lugares ubicados a más altura que el depósito municipal de agua potable.
Por lo que se refiere a las ayudas de Política Territorial a los concellos para realizar nuevos planeamientos, la Consellería explicaba precisamente ayer que las ayudas para la adaptación de los planes urbanísticos de las grandes ciudades serán fruto de convenios específicos, mientras que concellos entre 5.000 y 20.000 habitantes -caso del de Verín, que también redacta un PXOM al anularse en el Supremo que el que había aprobado- las ayudas llegarán al 90% para la adaptación necesaria.
El informe deberá estar entregado en junio, adaptarse a la Ley de Contratos del Estado y sentar las condiciones medioambientales que el Gobierno central exige ahora a toda normativa urbanística y que pasan por informes de impacto ambiental para garantizar que toda nueva urbanización que se construya disponga de abastecimiento de agua, precisamente algo que el Plan actual incumple en áreas como A Farixa -el Concello llegó a pedir más captación de agua del Miño para las viviendas de Eroski- o Barrocás, donde un promotor debe construirse un depósito de agua potable para garantizar el suministro a sus pisos.
Al mismo tiempo, técnicos municipales avanzan también en otro pliego, el que ha de regir la elaboración de toda una nueva cartografía y que incluirá un nuevo visionado aéreo de la ciudad. Para ello, trabajan conjuntamente funcionarios de Infraestructuras y Urbanismo con la oficina del catastro.
La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, señaló que, además, todos estos trabajos, junto a los gastos que supondrán la interposición de recursos de casación -cuatro más en los últimos días, por las nuevas sentencias anulatorias que se conocieron recientemente-, obligarán al gobierno municipal a asumir una modificación de créditos, aunque la Xunta, a través de la Consellería de Política Territorial, haya comprometido ya una ayuda económica para la redacción de un nuevo planeamiento, una subvención que pudiera rondar el 50 por ciento del gasto que se genere. El gasto de elaboración del PXOM durante el mandato de Manuel Cabezas superó el millón de euros.
Negociación urgente con la Xunta
Al mismo tiempo que se sientan las bases para redactar un nuevo PXOM, el Concello negocia con la Consellería de Política Territorial las fórmulas para evitar el bloqueo urbanístico en la ciudad si el Tribunal Supremo no admite a trámite los recursos de casación presentados. Y si son admitidos y se tardan años en resolverlos, el Concello, recuerda Soto, tendrá que afrontar cuanto antes cuestiones que no pueden permanecer como están, como es el caso de la anulación del planeamiento en un área de reparto de A Ponte o insistir en que las construcciones previstas tengan la garantía del abastecimiento de agua, para lo que negocia con Aquanorte una solución que evite, por ejemplo, los periódicos fallos del suministro en lugares ubicados a más altura que el depósito municipal de agua potable.
Por lo que se refiere a las ayudas de Política Territorial a los concellos para realizar nuevos planeamientos, la Consellería explicaba precisamente ayer que las ayudas para la adaptación de los planes urbanísticos de las grandes ciudades serán fruto de convenios específicos, mientras que concellos entre 5.000 y 20.000 habitantes -caso del de Verín, que también redacta un PXOM al anularse en el Supremo que el que había aprobado- las ayudas llegarán al 90% para la adaptación necesaria.
