La costumbre de empapelar la ciudad con anuncios en fachadas, mobiliario público u obras de arte, además de contribuir al feísmo urbanístico supone un ejercicio de publicidad ilegal para el que se contemplan multas de hasta 3.000 euros. Particulares y administraciones no tienen reparo en recurrir a este sistema, que obvia, con la anuencia de las autoridades, la normativa aprobada por el Concello de Ourense en 1997.
La abundancia de carteles publicitarios fijados directamente sobre edificios, muros, pedestales, esculturas u otros elementos similares evidencia que la ley sólo parece ser papel mojado. Tanto es así que hasta los propios organismos oficiales, que deberían predicar con el ejemplo, pasan por alto la propia normativa que promulgan, permitiéndose el lujo de aparecer como patrocinadores de eventos que no cumplen con el reglamento a la hora de anunciarlos en las calles. La ordenanza municipal, aprobada el 9 de mayo de 1997, regula la publicidad exterior mediante carteles, carteleras y vallas publicitarias y en ella queda expresamente prohibida la fijación de cartelería o anuncios de cualquier tipo sobre las fachadas de los edificios y el mobiliario público. Xunta de Galicia, Concello de Ourense, Diputación y todo tipo de entidades públicas y privadas se dan la mano con frecuencia en carteles que anuncian eventos de toda índole y que, infringiendo la norma, afean sin escrúpulos y llenan de polución visual la ciudad.
Se contemplan multas pero en las arcas municipales no entran fondos procedentes de su aplicación porque ¿quién es tan torpe de tirar piedras contra su propio tejado? La excusa es que detectada la infracción, agentes de la Policía Local se encargan de instar al infractor a enmendar su error. Como si no tuvieran más cosas que hacer los agentes de la ley y el orden. Además, poca autoridad ejercen cuando las fachadas de los edificios, obras de arte y mobiliario público son el objetivo perfecto para convertirse en portadores de anuncios y cartelería que compite por captar la atención.
Las autoridades competentes cierran los ojos a este tipo de infracciones urbanísticas que contemplan multas de entre 750 y 3.000 euros. No existe registro de denuncias ni mucho menos de sanciones. Simplemente y, aunque existen cauces legales, para poder dar publicidad a cualquier evento se permite impunemente la práctica de la publicidad ilegal que se amontona una sobre otra sobre las fachadas más estratégicas desde el punto de vista del marketing. Es en este sentido, el centro de la ciudad es una de las zonas más machacadas por el intenso tránsito de personas que registra.
Se contemplan multas pero en las arcas municipales no entran fondos procedentes de su aplicación porque ¿quién es tan torpe de tirar piedras contra su propio tejado? La excusa es que detectada la infracción, agentes de la Policía Local se encargan de instar al infractor a enmendar su error. Como si no tuvieran más cosas que hacer los agentes de la ley y el orden. Además, poca autoridad ejercen cuando las fachadas de los edificios, obras de arte y mobiliario público son el objetivo perfecto para convertirse en portadores de anuncios y cartelería que compite por captar la atención.
Las autoridades competentes cierran los ojos a este tipo de infracciones urbanísticas que contemplan multas de entre 750 y 3.000 euros. No existe registro de denuncias ni mucho menos de sanciones. Simplemente y, aunque existen cauces legales, para poder dar publicidad a cualquier evento se permite impunemente la práctica de la publicidad ilegal que se amontona una sobre otra sobre las fachadas más estratégicas desde el punto de vista del marketing. Es en este sentido, el centro de la ciudad es una de las zonas más machacadas por el intenso tránsito de personas que registra.
