La jueza del Penal 1 de Ourense no estimó la primera alternativa de la fiscal en la cual pedía la condena de Paulo Rafael da Silva Freitas y Francisco Javier González Pereira por detención ilegal y sí la segunda, pero con menor pena de la reclamada. Los dos detenidos en su día por el supuesto secuestro de un menor luso en Ourense han sido condenados a 16 meses de multa (con una cuota diaria de seis euros) por coacciones. Además, el fallo impone a Sa Silva Freitas un pena de un año de prisión por tenencia ilícita de armas ya que en su casa de la ciudad fue requisada una pistola.
La sentencia considera que 'los acusados no privaron de libertad a la víctima' pero que sí 'abusaron de su confianza', aprovechándose de que era menor de edad (15 años). Bajo la promesa de un trabajo remunerado en España, el joven se trasladó desde Oporto a Ourense el 12 de abril de 2010. Para la magistrada, 'los dos acusados se prevalieron de la inferioridad de la víctima y abusaron de su confianza, dado que se encontraba muy lejos de sus familia y desconocía el idioma'.
El fallo rechaza una condena por detención ilegal dado que el menor declaró que, salvo la primera noche en la ciudad en que le cerraron al puerta de la habitación, después tenía libertad para moverse en el pueblo. Aunque los agentes de la policía declararon que el joven se encontraba privado de libertad cuando acudieron a la casa, 'la víctima en reiteradas ocasiones -recuerda la jueza- declara que no lo tenían encerrado'.
Las coacciones por las que son condenados derivan de las pésimas condiciones en la que instalaron a la víctima, en una habitación insalubre, y en el trabajo duro que obligaron a realizar sin salario, cuidando animales y construyendo un pozo y que incluso una vez Paulo lo amenazó con un machete.
El fallo rechaza una condena por detención ilegal dado que el menor declaró que, salvo la primera noche en la ciudad en que le cerraron al puerta de la habitación, después tenía libertad para moverse en el pueblo. Aunque los agentes de la policía declararon que el joven se encontraba privado de libertad cuando acudieron a la casa, 'la víctima en reiteradas ocasiones -recuerda la jueza- declara que no lo tenían encerrado'.
Las coacciones por las que son condenados derivan de las pésimas condiciones en la que instalaron a la víctima, en una habitación insalubre, y en el trabajo duro que obligaron a realizar sin salario, cuidando animales y construyendo un pozo y que incluso una vez Paulo lo amenazó con un machete.
