Casi un año y medio después de que la Consellería de Traballo e Benestar trasladase a los menores que residían en el centro de Montealegre para acometer obras en estas instalaciones, la CIG reclama su reapertura 'inmediata' alegando que 'as fiscalías veñen manifestando o reponte de delitos cometidos por menores, así como a carencia de recursos básicos para a reeducación e prevención destas accións'.
La Xunta, por su parte, asegura que el centro abrirá 'en breve' aunque asegura no tener todavía una fecha cerrada para la reapertura de las instalaciones. Asimismo, afirma que todavía queda por definir qué menores ingresarían en el centro -en referencia a las medidas que cumplan-, ya que dependerá de las 'necesidades reales'. Tampoco se concreta desde la Administración si la gestión del centro continuará como hasta el momento de su cierre o si, por el contrario, se otorgará a una empresa privada.
Precisamente, la reivindicación del sindicato CIG también incide en la necesidad de que cuente 'con xestión pública, dotándoo do persoal que estaba traballando no momento do peche'. En este sentido, el sindicato le reclama a la Administración gallega que 'deixe de desmantelar os servizos públicos na provincia coa pretensión de que unha empresa privada obteña beneficios'.
Las obras del centro de menores de Montealegre tenían un plazo de ejecución de ocho meses, aunque se han prolongado más tiempo. No obstante, la Consellería de Traballo e Benestar considera que 'tendo en conta a complexidade e envergadura das obras acometidas e a especificidade do centro, non se pode concluír que exista unha demora', según contestaba el departamento autonómico a una pregunta parlamentaria realizada al respecto a principios del mes de septiembre. En aquel entonces aseguraba, además, que 'unha vez que se realicen as pequenas comprobacións e reparacións, nos vindeiros días realizarase o acto de recepción'.
LAS OBRAS
Las obras acometidas en el centro de menores de Montealegre ascendieron, según la Xunta, a 991.000 euros y tenían como objetivo adaptar las instalaciones a las necesidades actuales del centro. No obstante, tanto trabajadores del centro como otros colectivos de la ciudad reaccionaron con cierta alarma ante la decisión de cerrar el centro mientras durasen los trabajos, trasladando a los menores a otras instalaciones, como las de A Carballeira. Este rechazo se basaba en la sospecha de que el centro pasaría a ser privatizado tras las obras mediante la adjudicación de su gestión a una empresa privada, un extremo que, hasta el momento, la Xunta aún no ha desvelado.
Precisamente, la reivindicación del sindicato CIG también incide en la necesidad de que cuente 'con xestión pública, dotándoo do persoal que estaba traballando no momento do peche'. En este sentido, el sindicato le reclama a la Administración gallega que 'deixe de desmantelar os servizos públicos na provincia coa pretensión de que unha empresa privada obteña beneficios'.
Las obras del centro de menores de Montealegre tenían un plazo de ejecución de ocho meses, aunque se han prolongado más tiempo. No obstante, la Consellería de Traballo e Benestar considera que 'tendo en conta a complexidade e envergadura das obras acometidas e a especificidade do centro, non se pode concluír que exista unha demora', según contestaba el departamento autonómico a una pregunta parlamentaria realizada al respecto a principios del mes de septiembre. En aquel entonces aseguraba, además, que 'unha vez que se realicen as pequenas comprobacións e reparacións, nos vindeiros días realizarase o acto de recepción'.
LAS OBRAS
Las obras acometidas en el centro de menores de Montealegre ascendieron, según la Xunta, a 991.000 euros y tenían como objetivo adaptar las instalaciones a las necesidades actuales del centro. No obstante, tanto trabajadores del centro como otros colectivos de la ciudad reaccionaron con cierta alarma ante la decisión de cerrar el centro mientras durasen los trabajos, trasladando a los menores a otras instalaciones, como las de A Carballeira. Este rechazo se basaba en la sospecha de que el centro pasaría a ser privatizado tras las obras mediante la adjudicación de su gestión a una empresa privada, un extremo que, hasta el momento, la Xunta aún no ha desvelado.
