El sindicato CIG mostró hoy su rechazo al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 30 trabajadores de la empresa orensana Mecanizados Rodríguez al considerar que no es la solución si no está acompañada de medidas para salvar la empresa de la quiebra tales como una posible refinanciación de sus deudas.
'ERE sí, pero negociado en un conjunto de cosas', indicó el secretario comarcal de CIG, Etelvino Blanco, quien subrayó que 'ahora lo más importante no es el tema de personal' sino 'la continuidad de la empresa'.
Acompañado por el personal afectado por la decisión de la firma orensana, el sindicalista cuestionó la 'postura rígida de la empresa' que ha impedido 'llegar a algún tipo de acuerdo' a pesar de situación patrimonial 'muy grave, muy superior a la deuda que hay'.
Como alternativa, el sindicato pide una 'refinanciación de la deuda' mediante la negociación con bancos sobre varios préstamos contraídos por la empresa y 'pagos aplazados cuyos intereses son muy altos'.
En ese sentido, Blanco abogó por una 'negociación con la Xunta' para abordar una posible financiación con el Instituto público Igape y consideró imprescindible 'revisar situación de las empresas del grupo, que se encuentran en Portugal y Brasil' y que, en su opinión, contribuyen a 'la marcha negativa' de la firma.
Blanco denunció que, pese a esa situación, la empresa haya procedido a subidas salariales de '32, 17 y 22 por ciento' a tres altos directivos.
El proceso sigue su curso en el Juzgado, después de que el sindicato presentase las oportunas alegaciones, ante la dirección de la empresa y la inspección de trabajo, a la espera de conocer la resolución.
Acompañado por el personal afectado por la decisión de la firma orensana, el sindicalista cuestionó la 'postura rígida de la empresa' que ha impedido 'llegar a algún tipo de acuerdo' a pesar de situación patrimonial 'muy grave, muy superior a la deuda que hay'.
Como alternativa, el sindicato pide una 'refinanciación de la deuda' mediante la negociación con bancos sobre varios préstamos contraídos por la empresa y 'pagos aplazados cuyos intereses son muy altos'.
En ese sentido, Blanco abogó por una 'negociación con la Xunta' para abordar una posible financiación con el Instituto público Igape y consideró imprescindible 'revisar situación de las empresas del grupo, que se encuentran en Portugal y Brasil' y que, en su opinión, contribuyen a 'la marcha negativa' de la firma.
Blanco denunció que, pese a esa situación, la empresa haya procedido a subidas salariales de '32, 17 y 22 por ciento' a tres altos directivos.
El proceso sigue su curso en el Juzgado, después de que el sindicato presentase las oportunas alegaciones, ante la dirección de la empresa y la inspección de trabajo, a la espera de conocer la resolución.
