El Concello tiene actualmente en tramitación los permisos de 29 antenas de telefonía móvil, con expedientes que en algunos casos proceden de 2002. Según datos del negociado, desde ese año sólo una obtuvo autorización, después de que una sentencia anulase dos disposiciciones de la normativa municipal.
La instalación de antenas de telefonía móvil en la ciudad continúa siendo motivo de polémica y de preocupación para muchos ourensanos. Desde el año 2002, el Concello tiene en tramitación 29 estructuras de este tipo, ocho ellas comenzadas este año. Sin embargo, hasta el momento y según los datos del negociado de licencias de apertura y obra de la entidad municipal, sólo hay una que obtuvo la autorización oportuna.
La tramitación de los permisos de las antenas en la ciudad tal y como se realizan en la actualidad se vio afectada en 2008, cuando una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza anulaba dos disposiciones de la ordenanza municipal, aprobada en 2005. Más concretatemente, la sentencia estimaba que el Concello no es competente para regular las distancias adicionales de protección que contempla la norma, ya que la ordenación de las telecomunicaciones es una competencia estatal. Aun así, el tribunal mantuvo la prohibición de ubicar antenas a menos de 100 metros de puntos calificados como sensibles (colegios, parques, hospitales o geriátricos), donde las operadoras tendrán que optar por microcélulas de menos potencia.
Con esta resolución judicial, los expedientes abiertos en el Concello para estudiar la concesión de licencias a estas antenas tuvieron que ser revisados para adaptarse a la decisión del tribunal. Desde 2002, el Concello ha denegado permiso de obra e instalación a 14 antenas en la ciudad y ha desestimado otras seis. Ocho de estas estructuras han sido paralizadas desde entonces por no adaptarse a las exigencias municipales y siete instalaciones vieron caducados sus permisos. Además, tres expedientes fueron archivados y el Concello tuvo que recurrir al corte de suministro eléctrico para dejar fuera de juego a algunas de estas antenas de telefonía.
Polémica
Es en este año cuando el Concello tiene más antenas en trámite (ocho), mientras que en 2008 fueron seis y una durante el año anterior. El año pasado, además, denegó dos, desestimó tres y cortó el suministro a una de ellas.
El pasado mes de agosto el PP municipal criticaba que el Concello hubiera otorgado licencia de apertura para una antena de telefonía ubicada en un edificio de la avenida de Marín, en las proximidades del instituto Blanco Amor, así como el permiso de obra a otra estructura en la estación de autobuses. En aquella ocasión, fuentes municipales contestaron a las acusaciones populares asegurando que el gobierno local se estaba limitando a exisir o cumplimento da normativa.
LA NORMATIVA
Sin segundo seguro de responsabilidad
La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de 2008 recoge la obligatoriedad de que las operadores opten por microcélulas de menor potencia o por antenas convencionales de potencia regulada cuando las estructuras se encuentren a menos de 100 metros de zonas sensibles. La resolución anulaba también el artículo seis de la ordenanza municipal, que obligaba a las operadoras a contar con un segundo seguro de responsabilidad jurídica, al margen del que ya les exigía la ley estatal. El fallo del tribunal se produjo después de que dos operadoras hubieran presentado recursos contra la ordenanza, considerada una de las más restrictivas del Estado, al intentar conciliar la necesidad de antenas que den soporte a las nuevas tecnologías y los supuestos efectos negativos en la salud.
La tramitación de los permisos de las antenas en la ciudad tal y como se realizan en la actualidad se vio afectada en 2008, cuando una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza anulaba dos disposiciones de la ordenanza municipal, aprobada en 2005. Más concretatemente, la sentencia estimaba que el Concello no es competente para regular las distancias adicionales de protección que contempla la norma, ya que la ordenación de las telecomunicaciones es una competencia estatal. Aun así, el tribunal mantuvo la prohibición de ubicar antenas a menos de 100 metros de puntos calificados como sensibles (colegios, parques, hospitales o geriátricos), donde las operadoras tendrán que optar por microcélulas de menos potencia.
Con esta resolución judicial, los expedientes abiertos en el Concello para estudiar la concesión de licencias a estas antenas tuvieron que ser revisados para adaptarse a la decisión del tribunal. Desde 2002, el Concello ha denegado permiso de obra e instalación a 14 antenas en la ciudad y ha desestimado otras seis. Ocho de estas estructuras han sido paralizadas desde entonces por no adaptarse a las exigencias municipales y siete instalaciones vieron caducados sus permisos. Además, tres expedientes fueron archivados y el Concello tuvo que recurrir al corte de suministro eléctrico para dejar fuera de juego a algunas de estas antenas de telefonía.
Polémica
Es en este año cuando el Concello tiene más antenas en trámite (ocho), mientras que en 2008 fueron seis y una durante el año anterior. El año pasado, además, denegó dos, desestimó tres y cortó el suministro a una de ellas.
El pasado mes de agosto el PP municipal criticaba que el Concello hubiera otorgado licencia de apertura para una antena de telefonía ubicada en un edificio de la avenida de Marín, en las proximidades del instituto Blanco Amor, así como el permiso de obra a otra estructura en la estación de autobuses. En aquella ocasión, fuentes municipales contestaron a las acusaciones populares asegurando que el gobierno local se estaba limitando a exisir o cumplimento da normativa.
LA NORMATIVA
Sin segundo seguro de responsabilidad
La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de 2008 recoge la obligatoriedad de que las operadores opten por microcélulas de menor potencia o por antenas convencionales de potencia regulada cuando las estructuras se encuentren a menos de 100 metros de zonas sensibles. La resolución anulaba también el artículo seis de la ordenanza municipal, que obligaba a las operadoras a contar con un segundo seguro de responsabilidad jurídica, al margen del que ya les exigía la ley estatal. El fallo del tribunal se produjo después de que dos operadoras hubieran presentado recursos contra la ordenanza, considerada una de las más restrictivas del Estado, al intentar conciliar la necesidad de antenas que den soporte a las nuevas tecnologías y los supuestos efectos negativos en la salud.
