Un plan de urbanismo anulado, un nuevo documento en fase de tramitación que todos ansían conocer y una ordenación provisional (la que evita el bloqueo urbanístico mientras no se aprueba el nuevo planeamiento) que disgusta a los particulares y promotores que no vieron recogidas en ella sus edificabilidades suspendidas.
Por si fuera poco, colean aún litigios de mandatos anteriores, algunos tan significativos como el caso del edificio de As Caldas que hay que derribar en parte a costa de la institución municipal. Todo son razones suficientes para que el departamento de Urbanismo del Concello de Ourense acumule hasta 300 pleitos simultáneos en este momento, dos de ellos los que han convertido a la edil responsable, Aurea Soto, en imputada; pero serán más los litigios y hasta sus imputaciones, augura la propia concejala, que ya detecta la presión de constructores y promotores que se acompaña siempre con la llegada de un nuevo Plan de Urbanismo, por mucho que ahora la crisis del ladrillo haya dado al traste con el sector de la construcción.
De hecho, en el gobierno municipal y en la Concejalía de Urbanismo dicen ser conscientes de que los litigios se multiplicarán, pero no ya por discrepancias con un nuevo plan aprobado, que no lo será antes de tres años, sino como medida 'preventiva' para forzar a la administración a modificar el documento o, asegura directamente Soto, para desgastar a los políticos responsables del nuevo documento, en este caso mediante demandas en la vía penal, que generan imputaciones y desgastan a los políticos 'que podemos no interesar'. Teoría ésta que ya ha sido rechazada reiteradamente por la oposición municipal.
EL SUELO URBANIZABLE
El nuevo Plan de Urbanismo, obra del equipo Oficina de Planeamiento, reduce las expectativas de edificabilidad a poco más de 19.000 viviendas y dice adiós al suelo urbanizable, auténtico objetivo de los promotores y constructores porque se ubica en las áreas de expansión de la ciudad, que ya tiene poco por construir en las áreas de suelo consolidado. Será un Plan que 'nos dejará deprimidos con lo particular, los derechos de edificación, pero contentos con lo general', por lo de ciudad ordenada y sostenible que, dice la concejala, ofrece el nuevo planeamiento para Ourense.
En cualquier caso, solo la anulación del Plan del año 2003 generó ya un gran número de denuncias de particulares y de empresas, y ejemplos de ello son las recientes anulaciones de las licencias de Hipercor y Eroski, concedidas por el gobierno local 'in extremis', cuando estaba al caer, si no sobre la mesa, la sentencia del Tribunal Supremo que revocaba definitivamente el planeamiento del anterior gobierno local del PP. Y así hasta 300 casos, que son los que justifican, según el Concello, el continuo recurso a las asistencias técnicas y jurídicas externas, siempre fuente de críticas por parte de los grupos municipales de la oposición.
De hecho, en el gobierno municipal y en la Concejalía de Urbanismo dicen ser conscientes de que los litigios se multiplicarán, pero no ya por discrepancias con un nuevo plan aprobado, que no lo será antes de tres años, sino como medida 'preventiva' para forzar a la administración a modificar el documento o, asegura directamente Soto, para desgastar a los políticos responsables del nuevo documento, en este caso mediante demandas en la vía penal, que generan imputaciones y desgastan a los políticos 'que podemos no interesar'. Teoría ésta que ya ha sido rechazada reiteradamente por la oposición municipal.
EL SUELO URBANIZABLE
El nuevo Plan de Urbanismo, obra del equipo Oficina de Planeamiento, reduce las expectativas de edificabilidad a poco más de 19.000 viviendas y dice adiós al suelo urbanizable, auténtico objetivo de los promotores y constructores porque se ubica en las áreas de expansión de la ciudad, que ya tiene poco por construir en las áreas de suelo consolidado. Será un Plan que 'nos dejará deprimidos con lo particular, los derechos de edificación, pero contentos con lo general', por lo de ciudad ordenada y sostenible que, dice la concejala, ofrece el nuevo planeamiento para Ourense.
En cualquier caso, solo la anulación del Plan del año 2003 generó ya un gran número de denuncias de particulares y de empresas, y ejemplos de ello son las recientes anulaciones de las licencias de Hipercor y Eroski, concedidas por el gobierno local 'in extremis', cuando estaba al caer, si no sobre la mesa, la sentencia del Tribunal Supremo que revocaba definitivamente el planeamiento del anterior gobierno local del PP. Y así hasta 300 casos, que son los que justifican, según el Concello, el continuo recurso a las asistencias técnicas y jurídicas externas, siempre fuente de críticas por parte de los grupos municipales de la oposición.
