La Diputación de Ourense constituyó ayer la comisión técnica que se encargará de velar por el cumplimiento del plan de medidas antifraude para la gestión y ejecución de los fondos Next Generation. “Un paso máis nesa liña de integridade institucional, de transparencia e goberno aberto que lideramos a nivel nacional e que nos fai ser unha administración de referencia”, afirmó el presidente provincial Manuel Baltar tras finalizar de la primera reunión de este órgano de control.
La comisión está presidida por el propio titular de la Diputación, que participará con voz pero sin voto “o que supón un plus de imparcialidade e unha garantía máis para o carácter técnico que debe ter este órgano, ademais de trasladar á veciñanza de Ourense que conta cunha administración fiable, seria e rigorosa”, subrayó Manuel Baltar. Los técnicos que participarán en esta comisión son el secretario general, Juan Marquina; la interventora Mónica Legaspi; el tesorero Miguel Ángel López; el jefe del servicio de Inversiones y Patrimonio, Javier Martínez; y el jefe del gabinete de la Presidencia, José Ángel Sampayo.
El presidente del gobierno provincial destaca que “está demostrada rigorosidade da Deputación de Ourense na xestión dos fondos europeos xa aprobados” -como el Plan de Sostenibilidade Turística en Destino (PSTD) “Ourense Termal” o el proyecto de digitalización y sostenibilidad del comercio rural “CROu”-, “e os que están por vir”, añadió recordando las candidaturas presentadas para, por ejemplo, el PSTD de enogastronomía “EnOUturismo”. “Algo que ten tamén a súa relevancia nos órganos de ámbito europeo que presidimos e no traballo en rede que vimos poñendo en práctica desde hai anos con resultados visibles”, recalca Manuel Baltar.
El plan de medidas antifraude de la Diputación de Ourense y de sus organismos dependientes y adscritos es un trámite establecido por la Unión Europa para que las administraciones públicas adopten procedimientos de control en el marco del plan de recuperación.
Mediante este documento se establecen los principios y las normas que se aplicarán en materia antifraude, anticorrupción y con el fin de evitar los conflictos de intereses, en relación con los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Su misión será evaluar los posibles riesgos de fraude
Entre las competencias de la comisión, que volverá a reunirse en el tercer trimestre del año, figura “a avaliación periódica dos riscos de fraude nos procesos clave de execución dos fondos, garantindo o bo funcionamento dos controis internos establecidos”, segundo refleja el plan de medidas antifraude aprobado por la Diputación en el pleno de marzo. Entre sus funciones también está la coordinación y concreción de la política antifraude, mismo formulando propuestas para la modificación o mejora del plan.
Este órgano de control también tendrá atribuciones en materia formativa y de sensibilización, en tanto que podrá proponer iniciativas “en materia de integridad institucional y ética” dirigidas al personal público. Además de examinar y responder la posibles reclamaciones, los miembros de la comisión registrarán todos los controles realizados, indicando las medidas de prevención recomendadas, y deberán elaborar una memoria anual en la que se detallen las actividades desarrolladas.
