El Tribunal Constitucional (TC) aclaró ayer, a requerimiento de la Abogacía del Estado, que las juntas de gobierno de los ayuntamientos 'han de estar formadas, únicamente, por concejales electos' tras la anulación, por inconstitucional, del precepto de la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local de 2003, más conocida como Ley de Grandes Ciudades, que permitía nombrar como miembros de estos órganos a personas que no concurrieron a las elecciones en listas electorales. En la ciudad, la socialista Carmen Rodríguez, es concejala no electa de Personal y Policía Local y participa en las juntas de gobierno.
El auto aclaratorio del pleno del Constitucional responde a las dudas que a los servicios jurídicos del Estado les supuso un párrafo determinado de la sentencia sobre este asunto dada a conocer el pasado 29 de abril, en el que se señalaba que la nulidad de la disposición no afectaría a 'situaciones consolidadas'. Según la Abogacía del Estado, de esta expresión podría deducirse el derecho de los concejales electos a seguir ejerciendo su cargo público hasta su cese.
El tribunal de garantías responde que la aclaración solicitada 'excede claramente del objeto de este trámite procesal' y que, a partir de la publicación de esta sentencia en el BOE, los miembros no electos de la Junta de Gobierno tendrán que ser sustituidos por concejales ya que, de otro modo, las decisiones que pudieran adoptar a partir de ahora serían nulas e inconstitucionales.
No obstante, el tribunal salva expresamente la validez de todos los acuerdos y resoluciones adoptados hasta la fecha por las juntas de gobierno en las que existían miembros no electos.
El tribunal de garantías responde que la aclaración solicitada 'excede claramente del objeto de este trámite procesal' y que, a partir de la publicación de esta sentencia en el BOE, los miembros no electos de la Junta de Gobierno tendrán que ser sustituidos por concejales ya que, de otro modo, las decisiones que pudieran adoptar a partir de ahora serían nulas e inconstitucionales.
No obstante, el tribunal salva expresamente la validez de todos los acuerdos y resoluciones adoptados hasta la fecha por las juntas de gobierno en las que existían miembros no electos.
