Dos de las imputadas por las irregularidades detectadas en el servicio de ayuda a domicilio del Concello de Ourense entre 2007 y 2011, la concejala de Benestar, Marga Martín, y la técnica de la Administración General del Estado Cristina Feijóo, se vieron las caras frente a frente durante 45 minutos en el careo acordado por el juez, Antonio Piña, para aclarar quién de las dos falta la verdad ya que durante la instrucción mantuvieron versiones totalmente opuestas. No obstante, la prueba practicada en la mañana de ayer sirvió para que ambas mantuvieran inamovibles sus primeras versiones.
Feijóo sostuvo que advirtió de forma verbal a la concejala, en una reunión en su propio despacho, que facturar el desplazamiento de las empleadas que prestaban la ayuda a domicilio, lo que suponía 30.000 euros más al mes, no se ajustaba a lo recogido en el contrato con la adjudicataria del servicio, la UTE Troncoso Saludgest, cuyos responsables también están imputados en la causa, aunque ahora están enfrentados.
La funcionaria, que sólo se encargó de controlar la facturación de julio, agosto y septiembre de 2010 tras la marcha del jefe de servicio, Juan José Monedero, aseguró que las tres facturas, una incluso alterada a bolígrafo, en la que aparece su firma junto a la de la concejala, nunca fueron autorizadas por ella y que incluso advirtió que no se debían abonar al suponer un sobrecoste para el Concello. Esta declaración inculpa a la edil en un delito de malversación de caudales públicos ya que, pese a que fue advertida, facturó los desplazamientos.
Por su parte, la titular de la concejalía, Marga Martín, aseguró todo lo contrario, ya que, según dijo, nunca fue advertida de desfases por parte de Feijóo. La edil en sus declaraciones anteriores había asegurado que los técnicos municipales fueron quienes refrendaron en todo momento los pagos. En esta nueva comparecencia, añadió que 'lo dicho es esclarecedor ya que quedó claro que Cristina fue quien controló las facturas'.
Martín reconoció que hasta ese momento se facturaba por el número de auxiliares que desempeñaban la ayuda a domicilio y, a partir de ese verano, se pasó a cobrar el número de horas trabajadas . Con ello, aclaró que 'no es que hubiera conceptos que no debíamos incluir sino que el sistema que se hacía no era el correcto'.
La investigación parte de que la adjudicataria fue favorecida por la concejalía en tanto que se le efectuaron pagos en base a conceptos no recogidos en el contrato. Según sostiene el juez en un auto de 9 de octubre, la empresa percibió entre 2007 y 2008 un total de 336.000 en dos facturas falsas de regularización.
La siguiente diligencia que se practicará el día 20 es la apertura del correo electrónico entre la teniente de alcalde y los dos exsocios de la UTE.
La funcionaria, que sólo se encargó de controlar la facturación de julio, agosto y septiembre de 2010 tras la marcha del jefe de servicio, Juan José Monedero, aseguró que las tres facturas, una incluso alterada a bolígrafo, en la que aparece su firma junto a la de la concejala, nunca fueron autorizadas por ella y que incluso advirtió que no se debían abonar al suponer un sobrecoste para el Concello. Esta declaración inculpa a la edil en un delito de malversación de caudales públicos ya que, pese a que fue advertida, facturó los desplazamientos.
Por su parte, la titular de la concejalía, Marga Martín, aseguró todo lo contrario, ya que, según dijo, nunca fue advertida de desfases por parte de Feijóo. La edil en sus declaraciones anteriores había asegurado que los técnicos municipales fueron quienes refrendaron en todo momento los pagos. En esta nueva comparecencia, añadió que 'lo dicho es esclarecedor ya que quedó claro que Cristina fue quien controló las facturas'.
Martín reconoció que hasta ese momento se facturaba por el número de auxiliares que desempeñaban la ayuda a domicilio y, a partir de ese verano, se pasó a cobrar el número de horas trabajadas . Con ello, aclaró que 'no es que hubiera conceptos que no debíamos incluir sino que el sistema que se hacía no era el correcto'.
La investigación parte de que la adjudicataria fue favorecida por la concejalía en tanto que se le efectuaron pagos en base a conceptos no recogidos en el contrato. Según sostiene el juez en un auto de 9 de octubre, la empresa percibió entre 2007 y 2008 un total de 336.000 en dos facturas falsas de regularización.
La siguiente diligencia que se practicará el día 20 es la apertura del correo electrónico entre la teniente de alcalde y los dos exsocios de la UTE.
