La demora en la tramitación de proyectos dificulta la ejecución del Plan de Obras, con un gobierno bajo mínimos por su falta de apoyo y división interna
La falta de gestión en el Concello de Ourense y las críticas a la parálisis del Consistorio, como consecuencia de un gobierno municipal en minoría y acosado por litigios e imputaciones judiciales, no es nueva pero se acrecienta con el tiempo. Ya ha entrado en la precampaña electoral y el impulso de obras tan característico de estos momentos se obvia en la ciudad, por mucho que se hacha aprobado el Plan de Inversiones. De hecho, el último compromiso -de mediados de febrero- del gobierno local, de iniciar cuatro obras cada semana, dentro del Plan de Inversiones y en la precampaña electoral, aún es sólo una teoría; hay plazos que cumplir y funcionarios mal distribuidos en los departamentos, lo que frena la tramitación, según la oposición. Importantes proyectos, reformas, inversiones y una larga lista de cuestiones cotidianas se acumulan a sus puertas sin que se agilicen soluciones; y no sólo eso, la obligada salida de la todopoderosa concejala de Urbanismo, Aurea Soto, procesada por prevaricación administrativa, y ahora de la directora xeral de Personal y Servicios Xerais, Carmen Rodríguez Dacosta, porque una sentencia firme anuló su nombramiento, multiplican los problemas de gestión, aunque el portavoz municipal socialista, José Angel Vázquez Barquero, todavía señalaba ayer que la situación del Concello es "normal" y no hay problemas de operatividad.
Pero la oposición municipal y la realidad de los hechos parecen decir otra cosa. Lo cierto es que los grandes proyectos urbanísticos parecen dormirse en la sede de Padre Feijóo y, asumido ya que la tramitación del nuevo PXOM quedará el próximo mandato, tampoco hay novedad -así lo reconoció el gobierno local- en la tramitación de las expropiaciones para el BIC de As Burgas, donde el compromiso adquirido era dejar cerrado este proceso antes de mayo. Vázquez Barquero advertía ayer de que de eso no habla, "es cosa del alcalde", que asumió Urbanismo cuando se fue Soto.
Pero al margen de los grandes proyectos pendientes, la salida de Dacosta deja cuestiones que demoran la eficiencia y la agilidad en la tramitación. Por ejemplo, la falta de adaptación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) a las áreas actuales de gestión mantiene servicios sobrecargados de trabajo y otros con demasiado personal; la burocracia doméstica se estanca con retrasos en la concesión de licencias -la edil nacionalista Susana García recordaba ayer el caso del permiso pendiente, desde abril de 2014, a una comunidad de propietarios para instalar una escalera mecánica con la que transportar a un discapacitado- y hay una preocupante falta de supervisión del sistema eléctrico municipal, puesto que sólo cuenta con un operario a su cargo que, además, no tiene un jefe de servicio que planifique la supervisión de cuestiones tan elementales como las farolas de las calles. "Ninguén lembra o que pasou en Santiago cunha farola en mal estado", recordaba García.
Asuntos que afectan muy directamente a los ciudadanos como una solución para los contenedores subterráneos no se ha materializado, siguen clausurados pese a las auditorías de las que fueron objeto; y el ascensor para la Praza de Abastos sigue esperando pese a las promesas de que estaría instalándose en noviembre. Tampoco se ha podido materializar un concurso de traslados de personal, ni la convocatoria de las demandadas plazas para la Policía Local, pendientes de la liquidación del ejercicio económico de 2014, sine die. Ni hablar, por supuesto, de la apertura de la casa da Mocidade, por ejemplo, ni de la de la Praza de Abastos de A Ponte, inaugurada y sin uso, atascada en el pliego de condiciones para su concesión administrativa.
La tramitación se resiente por el ‘baile' de funcionarios
Los cambios en la distribución del personal por áreas de trabajo son determinantes para el buen funcionamiento de un servicio municipal, según reconocen los sindicatos y la oposición. Pero ello requiere modificar puestos y esa es la cuestión pendiente en Personal, la que, según representantes de los trabajadores, mantiene el servicio eléctrico con un solo operario o el de ingeniería con un auxiliar y un aparejador contratado. Además, se han producido trasvases, voluntarios o forzosos, que podrían haber influido en los problemas de gestión de trámites y trabajo cotidiano, que a veces, después, dicen, incluso se pierden en los tribunales. Por ejemplo, el en otro momento asesor jurídico ha regresado para Sanidad, siendo nombrado otro cuya designación está ahora en el Juzgado contencioso-administrativo. Otra jefa de servicio, de reconocida competencia en varios departamentos, es técnica "rasa" en Benestar. Y los problemas en Personal seguirán: DO ya ha convocado a los periodistas a una cita el lunes en el Juzgado, donde denunciará el acuerdo regulador de los funcionarios y sus ayudas sociales.
Carmen Rodríguez Dacosta. Exdirectora xeral de Recursos Humáns e Servicios Xerais: “De mi caso a un ilícito penal va un mundo”
La destitución formal de Carmen Rodríguez Dacosta como directora xeral de Persoal se producirá mañana, lunes, en una junta de gobierno extraordinaria, convocada el pasado viernes. Ella dice que se va "satisfecha" con el trabajo realizado, aunque reconoce tareas pendientes. Y piensa que la anulación judicial de su nombramiento, la causa de su salida del Concello, no tiene por qué afectar a las expectativas de voto de la candidatura del PSOE, donde va de número dos.
¿Qué deja pendiente con su marcha del Concello?
Queda la reforma de la RPT que, a dos meses de las elecciones, quedará para el próximo gobierno municipal; y un concurso de traslados, aún sin resolver porque es muy complejo. Piense que es muy complejo contentar a los sindicatos.
DO denunciará el lunes el acuerdo regulador que contempla las ayudas sociales a los funcionarios. ¿Hay razones para temer que un juez lo eche abajo?
La Subdelegación solicitó el acuerdo regulador para su inspección pero, a efectos de ilegalidad, sólo entró en un artículo referido a permisos y vacaciones; pero ya estábamos aplicando la ley estatal, superior, por lo que no hubo problema alguno. Espero que un juez diga lo mismo, hay acuerdos reguladores similares en otras administraciones y hay que decir que los propios firmantes del mismo pueden denunciarlo cuando se acaba su aplicación, y no fue así.
USO anunció que la anulación de su nombramiento la llevará por la vía penal y hay también una denuncia en la Fiscalía. ¿Ve razones para que pueda prosperar?
No nos constan esas denuncias. De todas formas, y aunque no quiero lo de "tú más", recuerdo el caso de la conselleira Rocío Mosquera y su marido, cuyo nombramiento fue anulado al detectarse desviación de poder; a las pocas semanas estaba nombrado de nuevo. El mío es un cargo de confianza y el procedimiento administrativo del mismo ya ha sido juzgado, el gobierno municipal lo acató y no hay más que hablar. De ahí a que pueda haber un ilícito penal, va un mundo. Había informes favorables en mi nombramiento y otros desfavorables pero la norma jurídica también es interpretable.
¿Cree que esta anulación judicial de su nombramiento puede afectar o repercutir en su labor política al frente de la secretaría local y, sobre todo, en la candidatura socialista, de la que forma parte?
Entiendo que no. Lo que decimos en política nada tiene que ver con este asunto administrativo. Aquí hubo un proceso administrativo con un resultado ya ejecutado, y el trabajo político sigue. No debería tener nada que ver.
¿Se va satisfecha con el trabajo realizado en Personal?
Fue una etapa fructífera, con acuerdos positivos con los sindicatos; llegamos a alcanzar consensos con cuatro de los cinco que había. Y avanzamos en muchos ámbitos, como en oposiciones y ofertas de empleo, e hicimos bases de contratación transparentes. Pienso que tuve aciertos y errores porque hay que conciliar muchos intereses y mi departamento es transversal con otros pero siempre tuve la intención de defender a los trabajadores.
