El Concello va a presentar alegaciones a la ordenación provisional presentada por la Xunta para incluir los ámbitos de su propuesta que la Xunta deja fuera, el Campus y As Burgas, especialmente ésta última. 'O PP no Concello di que non facemos nada no termalismo nas Burgas e por outro lado non nos permite que se aprobe o plan especial para iniciar ese desenvolvemento', explicaba ayer el alcalde, Francisco Rodríguez.
El regidor reiteró que 'a responsabilidade política e xurídica (de la ordenación provisional) compételle á Xunta' y espero que la Consellería de Medio Ambiente tenga 'os instrumentos xurídicos adecuados para incluir uns ámbitos privados. Hai que recordar que esta medida (esta ordenación) é de gran excepcionalidade'. En este sentido, aclaró que las viviendas que incluía el Concello en su propuesta -principalmente en los ámbitos de la Finca Santamarina y Eroski- quedaban solapadas por el interés público evidente como es la ampliación del Complexo Hospitalario. Pero 'a nós non nos parecía que fóra fácil xustificar o interese público en ámbitos privados', subrayó.
El alcalde de la ciudad se mostró molesto ante la situación de que el conselleiro Agustín Hernández y el presidente, Alberto Núñez, 'nos trasladan a nós a culpabilidade da situación pola elaboración do Plan Xeral' y recordó la 'presión brutal por parte do PP, tanto o municipal como da Xunta', para que el gobierno municipal eludiese la redacción de un nuevo planeamiento, puesto que consideraban que el documento era 'innecesario'.
La concejala de Urbanismo, Aurea Soto, teme que, partiendo de la base de que en esta materia todo es recurrible, la inclusión de ámbitos privados puede generar pleitos por parte de promotores o particulares que quedaron fuera de la ordenación provisional, y ello pueda echar abajo esta figura, como ya ocurrió en alguna otra ocasión. 'Meter iniciativa privada es eliminar la seguridad jurídica', afirmaba ayer, aunque no alegará ahora contra esa inclusión en los 15 días de plazo que tiene para hacerlo. 'Lo respetaremos', dijo.
Tanto el conselleiro de Medio Ambiente y Ordenación do Territorio como la secretaria xeral precisaban ayer que se incluyeron porque cuentan ya con instrumentos de planeamiento y se pretende no perjudicar el desarrollo de la ciudad, al mismo tiempo que dar seguridad jurídica a las promociones, puesto que cumplieron con todos los condicionantes legales de distribución de cargas y beneficios y ya pagaron el 10% de aprovechamiento urbanístico. Deben, pues, 'conservar con plenitude os seus dereitos e non deben atopar inconvintes en proseguir os seus procesos'.
La portavoz del grupo municipal del BNG y teniente de alcalde, Isabel Pérez, reiteró que 'o responsable de que esteamos na situación actual é o PP, que aprobou un plan ilegal en 2003' y cree que ahora la Xunta debe 'artellar todos os instrumentos necesarios' para subsanarla.
El alcalde de la ciudad se mostró molesto ante la situación de que el conselleiro Agustín Hernández y el presidente, Alberto Núñez, 'nos trasladan a nós a culpabilidade da situación pola elaboración do Plan Xeral' y recordó la 'presión brutal por parte do PP, tanto o municipal como da Xunta', para que el gobierno municipal eludiese la redacción de un nuevo planeamiento, puesto que consideraban que el documento era 'innecesario'.
La concejala de Urbanismo, Aurea Soto, teme que, partiendo de la base de que en esta materia todo es recurrible, la inclusión de ámbitos privados puede generar pleitos por parte de promotores o particulares que quedaron fuera de la ordenación provisional, y ello pueda echar abajo esta figura, como ya ocurrió en alguna otra ocasión. 'Meter iniciativa privada es eliminar la seguridad jurídica', afirmaba ayer, aunque no alegará ahora contra esa inclusión en los 15 días de plazo que tiene para hacerlo. 'Lo respetaremos', dijo.
Tanto el conselleiro de Medio Ambiente y Ordenación do Territorio como la secretaria xeral precisaban ayer que se incluyeron porque cuentan ya con instrumentos de planeamiento y se pretende no perjudicar el desarrollo de la ciudad, al mismo tiempo que dar seguridad jurídica a las promociones, puesto que cumplieron con todos los condicionantes legales de distribución de cargas y beneficios y ya pagaron el 10% de aprovechamiento urbanístico. Deben, pues, 'conservar con plenitude os seus dereitos e non deben atopar inconvintes en proseguir os seus procesos'.
La portavoz del grupo municipal del BNG y teniente de alcalde, Isabel Pérez, reiteró que 'o responsable de que esteamos na situación actual é o PP, que aprobou un plan ilegal en 2003' y cree que ahora la Xunta debe 'artellar todos os instrumentos necesarios' para subsanarla.
