El cierre de la comisión de investigación creada en el Concello de Ourense para indagar qué sucedió con el expediente urbanístico sobre el edificio construido en el Parque de San Lázaro anexo a la iglesia de los franciscanos no ha sido suficiente para calmar las aguas. El promotor del inmueble, José Benito López Morenza, que protagonizó una de las comparecencias clave, no tiene notificación oficial a día de hoy de las conclusiones de esa comisión, que destapó un “error humano” en el departamento de Urbanismo que llevó a perder 14 folios del expediente.
Por otra parte, a la demora del Concello en este asunto se une, explica López Morenza, el hecho de que todavía no tenga respuesta a un escrito que presentó por Registro para que se emita un informe detallado sobre los motivos por los que se denegó la licencia de ocupación al inmueble y, en caso de ser necesario, las actuaciones que se deben llevar a cabo para conseguir el visto bueno municipal a un edificio en el que se invirtieron cuatro millones de euros.
López Morenza, además, recusó para la realización de ese informe a tres técnicos de Urbanismo a los que responsabiliza de la situación actual -Alfonso Pavón, María José González y Roberto Caride-. El promotor continúa manteniendo que la denegación de la licencia no responde a razones objetivas y que “había una consigna”, entendiendo que la demora a la hora de emitir el informe “es porque no se atreven a contestar, conscientes de que faltaron a la verdad”. Asegura que toda la obra cumple el marco urbanístico en vigor, el Plan Xeral de Ordenación Municipal de 1986.
Argumentos
El empresario mantiene que tanto el exedil de Urbanismo José Cudeiro como Alfonso Pavón “mintieron” en una junta de área en agosto de 2017 “para ocultar graves errores”, poniendo el foco en que el Concello ha reconocido ahora que parte de la documentación se perdió a mediados de agosto de hace cuatro años.
“Voy a luchar hasta donde haga falta”, asegura José Benito López Morenza, insistiendo en que activará también la vía judicial para exigir responsabilidades, señalando directamente tanto al alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, como a la concejala de Urbanismo, Sonia Ogando.
