El Concello de la ciudad no podrá reclamar, al menos de momento, 156.996 euros a la constructora que comenzó las obras de rehabilitación del edificio en el que hoy se ubica el centro de cívico de Seixalbo. Así lo ha decidido el titular del Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Ourense, que deja para la fase de ejecución de sentencia la determinación de la cuantía exacta que la institución municipal puede reclamar a la empresa.
La resolución judicial se deriva del recurso presentado por la adjudicataria, Construcciones Riotorto S.L. contra la decisión municipal de reclamarle 183.309 euros en concepto de daños y perjuicios tras resolver el contrato de obra ante los retrasos en la ejecución de los trabajos.
A diferencia de lo que sostenía la contratista, el juez considera que la decisión del Concello de rescindir el contrato estaba motivada, ya que la empresa llegó 'a abandonarla a medio hacer', por lo que atribuye la responsabilidad a la empresa. Entiende el magistrado que si la firma discrepaba de las instrucciones dadas por la dirección técnica municipal 'debió poner de manifiesto sus objeciones formalmente y por escrito' pero 'no proceder sin más a retrasar la ejecución de la obra'. Por todo ello, la sentencia reconoce el derecho del Concello a una indemnización por daños y perjuicios generados por las mejoras no realizadas y por la repetición de partidas ya ejecutadas.
Sin embargo, la sentencia considera que los 156.996 euros reclamados por el Concello por la pérdida de una subvención del Estado (procedente del Plan E) 'no consta acreditada'. Por eso, determina que en la ejecución de la sentencia deberá determinarse con los correspondientes documentos el importe exacto recibido por el Concello en concepto de subvenciones, y las pendientes de pago.
A diferencia de lo que sostenía la contratista, el juez considera que la decisión del Concello de rescindir el contrato estaba motivada, ya que la empresa llegó 'a abandonarla a medio hacer', por lo que atribuye la responsabilidad a la empresa. Entiende el magistrado que si la firma discrepaba de las instrucciones dadas por la dirección técnica municipal 'debió poner de manifiesto sus objeciones formalmente y por escrito' pero 'no proceder sin más a retrasar la ejecución de la obra'. Por todo ello, la sentencia reconoce el derecho del Concello a una indemnización por daños y perjuicios generados por las mejoras no realizadas y por la repetición de partidas ya ejecutadas.
Sin embargo, la sentencia considera que los 156.996 euros reclamados por el Concello por la pérdida de una subvención del Estado (procedente del Plan E) 'no consta acreditada'. Por eso, determina que en la ejecución de la sentencia deberá determinarse con los correspondientes documentos el importe exacto recibido por el Concello en concepto de subvenciones, y las pendientes de pago.
