El Concello de Ourense espera una respuesta del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para actuar en el número 36 de la avenida de As Caldas, edificio sobre el que pesa una orden judicial de derribo parcial. Así, desde mañana tendría que cortarse el suministro de agua y luz, que conllevaría el desalojo del inmueble, pero esto no sucederá hasta que el alto tribunal gallego se pronuncie sobre la última petición realizada por el Concello, respuesta que en todo caso se espera sea inminente.
La solicitud del Concello se basa en que el proyecto de demolición presentado en su día por la institución municipal para acreditar que estaba ejecutando la orden judicial de demolición se hizo sin que los técnicos pudieran entrar en el edificio afectado. Así, la entidad municipal ha presentado un escrito, avalado por el informe de un catedrático de estructuras de la Universidade de A Coruña, en el que pone de manifiesto la gran complejidad de la obra a realizar, aconsejando que no se ejecute el proyecto tal y como está, puesto que la demolición afecta a la parte posterior del inmueble, con un patio de luces muy reducido para ejecutarla.
EMPRESA ESPECIALIZADA
De esta forma, el Concello pregunta al tribunal si debe adjudicar las obras para que una empresa las ejecute tal y como está el proyecto de demolición o si, por el contrario, debe encargar un nuevo proyecto y los trabajos a una empresa especializada en este tipo de actuaciones complejas. De aceptar el tribunal esta última posibilidad, previsiblemente el desalojo de los vecinos del inmueble se retrasaría.
En este sentido, también desde la representación legal de los vecinos se ha solicitado una medida cautelarísima encaminada a evitar el derribo siguiendo el proyecto de demolición existente, puesto que no fue realizado siguiendo las pertinentes inspecciones al inmueble.
La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, explica que el Concello debe acatar la sentencia judicial que ordena la demolición pero también 'hay que mantener las condiciones de seguridad'. Así, la edila muestra su preocupación por la ejecución de una obra 'muy compleja'. A falta de que a lo largo de la mañana de hoy se reciban noticias desde el Tribunal Superior de Xustiza, la concejala se reunirá esta tarde con representantes de los vecinos para evaluar la situación. De no haber variaciones en el calendario inicialmente previsto, a principios de julio tendría que estar consumada la demolición parcial del edificio, de seis plantas con dos viviendas cada una.
Paralelamente, Soto asegura continuar estudiando el realojo de los vecinos, que tendrán que permanecer fuera del edificio durante un periodo estimado de un año, al igual que el bar que ocupa el bajo del inmueble. En estos últimos meses, el Concello ha realizado también los peritajes de los tres edificios colindantes con el afectado de cara a posibles reclamaciones tras la obra de demolición.
La ejecución de la orden de derribo parcial de este inmueble supondrá, además de los evidentes perjuicios a los propietarios de las viviendas, cuantiosos costes económicos para el Concello. El proyecto de demolición efectuado contemplaba un presupuesto para las obras de 443.000 euros -que podría variar si cambia el proyecto-, a lo que habría que sumar el realojo de los propietarios e incluso la posibilidad de tener que hacer frente a indemnizaciones, puesto que el edificio contaba con licencia municipal, concedida en 1987 y que fue posteriormente anulada por la Justicia, en una sentencia de la que se deriva esta orden de derribo parcial.
EMPRESA ESPECIALIZADA
De esta forma, el Concello pregunta al tribunal si debe adjudicar las obras para que una empresa las ejecute tal y como está el proyecto de demolición o si, por el contrario, debe encargar un nuevo proyecto y los trabajos a una empresa especializada en este tipo de actuaciones complejas. De aceptar el tribunal esta última posibilidad, previsiblemente el desalojo de los vecinos del inmueble se retrasaría.
En este sentido, también desde la representación legal de los vecinos se ha solicitado una medida cautelarísima encaminada a evitar el derribo siguiendo el proyecto de demolición existente, puesto que no fue realizado siguiendo las pertinentes inspecciones al inmueble.
La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, explica que el Concello debe acatar la sentencia judicial que ordena la demolición pero también 'hay que mantener las condiciones de seguridad'. Así, la edila muestra su preocupación por la ejecución de una obra 'muy compleja'. A falta de que a lo largo de la mañana de hoy se reciban noticias desde el Tribunal Superior de Xustiza, la concejala se reunirá esta tarde con representantes de los vecinos para evaluar la situación. De no haber variaciones en el calendario inicialmente previsto, a principios de julio tendría que estar consumada la demolición parcial del edificio, de seis plantas con dos viviendas cada una.
Paralelamente, Soto asegura continuar estudiando el realojo de los vecinos, que tendrán que permanecer fuera del edificio durante un periodo estimado de un año, al igual que el bar que ocupa el bajo del inmueble. En estos últimos meses, el Concello ha realizado también los peritajes de los tres edificios colindantes con el afectado de cara a posibles reclamaciones tras la obra de demolición.
La ejecución de la orden de derribo parcial de este inmueble supondrá, además de los evidentes perjuicios a los propietarios de las viviendas, cuantiosos costes económicos para el Concello. El proyecto de demolición efectuado contemplaba un presupuesto para las obras de 443.000 euros -que podría variar si cambia el proyecto-, a lo que habría que sumar el realojo de los propietarios e incluso la posibilidad de tener que hacer frente a indemnizaciones, puesto que el edificio contaba con licencia municipal, concedida en 1987 y que fue posteriormente anulada por la Justicia, en una sentencia de la que se deriva esta orden de derribo parcial.
