Hasta el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Ourense tuvo que llegar una técnico para cobrar sendos proyectos medioambientales que le habían encargado desde el Concello de la ciudad.
El objeto de los mismos era la instalación de un jardín tropical y un mariposario en el parque de Montealegre, propuestas ambas que no llegaron a realizarse. Tras meses sin abonar las dos facturas que reclamaba la profesional (por un total de 7.047 euros), la Administración municipal finalmente se avino ante el juez a realizar ambos pagos, a los que tendrá que añadir ahora los intereses de demora (que podrían sumar 700 euros más) y las costas procesales.
LOS HECHOS
Según la versión que mantuvo la recurrente en el procedimiento, fue la entonces concejala de Medio Ambiente, la nacionalista Marta Arribas, la que le encargó la redacción de los proyectos de forma verbal. En el diseño incluso llegó a incorporar modificaciones que, sostiene, le solicitaban desde la institución municipal. Es más, los proyectos incluso fueron requeridos a su autora para ser presentados por el Concello con el fin de obtener una subvención con la que poder ejecutarlos.
No obstante, con la salida del BNG del gobierno y el cambio en la Alcaldía, la socialista Susana Bayo se habría encontrado con dificultades para que los técnicos municipales refrendaran el pago de ambas facturas. Ante el paso del tiempo sin cobrar, la técnico optó por llevar el caso al juzgado, en el que la Administración se avino a las pretensiones de la recurrente, con el único matiz del pago de las costas. Finalmente, el juez condena al Concello a asumir éstas.
LOS HECHOS
Según la versión que mantuvo la recurrente en el procedimiento, fue la entonces concejala de Medio Ambiente, la nacionalista Marta Arribas, la que le encargó la redacción de los proyectos de forma verbal. En el diseño incluso llegó a incorporar modificaciones que, sostiene, le solicitaban desde la institución municipal. Es más, los proyectos incluso fueron requeridos a su autora para ser presentados por el Concello con el fin de obtener una subvención con la que poder ejecutarlos.
No obstante, con la salida del BNG del gobierno y el cambio en la Alcaldía, la socialista Susana Bayo se habría encontrado con dificultades para que los técnicos municipales refrendaran el pago de ambas facturas. Ante el paso del tiempo sin cobrar, la técnico optó por llevar el caso al juzgado, en el que la Administración se avino a las pretensiones de la recurrente, con el único matiz del pago de las costas. Finalmente, el juez condena al Concello a asumir éstas.
