ECONOMÍA

El Concello revisa si Correos debe tributar por sus oficinas

Ourense. 4-02-2017. Edificio de Correos, en Progreso. Paz
photo_camera Oficina principal de Correos en el Concello de Ourense, situada en la rúa do Progreso, junto a la Alameda.

La entidad nunca ha pagado el IBI, aunque la jurisprudencia avala el cobro de este impuesto

La oficina de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A -comúnmente conocido como Correos- nunca ha pagado el Impuesto de bienes Inmuebles (IBI) por las tres oficinas con las que cuenta en el Concello de Ourense, situadas en la rúas do Progreso y Fernández Bordás y avenida de Marín, según confirman fuentes municipales.

El motivo de que la empresa no figure en el padrón fiscal que maneja el órgano de Gestión Tributaria es que, hasta el año 2010, se trataba de una entidad estatal que prestaba un servicio público, por lo que estaba exenta de pagar impuestos en todos los municipios españoles.

Todo cambió a partir de ese año, al entrar en vigor la Ley 43/2010 del servicio postal universal, que comenzó el proceso de liberación del sector. Aunque el artículo 22.2 de esta norma señala que el operador designado por el Estado para la prestación del servicio quedará exento de los tributos que graven la actividad. Sin embargo, diversas sentencias, incluida una del Tribunal Supremo de 2012, afirman que Correos tiene la obligación de abonar los tributos y tasas municipales para no otorgarle una "ventaja anticompetitiva" frente al resto de entidades que realizan una función similar.
"El Concello aplica este nuevo criterio y, de hecho, no ha concedido ninguna exención más", explican fuentes municipales. No obstante, confirman que "actualmente, no se están cobrando los tributos" a Correos.

Por ello, el departamento de Gestión Tributaria revisará los expedientes de los tres inmuebles a los que en su día se concedió la exención "para valorar si deben ser revisadas y, por lo tanto, suprimirse las exenciones y pasarle los tributos al cobro".
En la ordenanza municipal que regula el IBI, se especifica que las exenciones solo se realizarán, entre otros, a edificios públicos de seguridad ciudadana, penitenciarios o educativos, los bienes de la Iglesia o de la Cruz Roja. El Concello ingresa cada año por este impuesto más de 30 millones de euros.

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