El expediente disciplinario que se tramita contra Raúl Jiménez conlleva la suspensión de empleo (con una retribución básica). El Concello alegó la alarma social causada con su imputación por extorsión para justificar esta decisión.
La Concejalía de Recursos Humanos del Concello de Ourense decidió ayer mismo apartar temporalmente a Raúl Jiménez Salazar del área de Benestar Social, en donde trabaja desde 1991. Esta es una de las medidas cautelares adoptadas tras la apertura de un expediente disciplinario a este trabajador municipal (personal laboral fijo) por su presunta implicación en la extorsión a la trabajadora social Amelia Belmonte. Y ello, según argumenta la delegada de Recursos Humanos, Carmen Rodríguez Dacosta, en base a la alarma social generada que podría derivar en una grave perturbación del servicio.
El alcalde de la ciudad precisó ayer, sin embargo, que mientras no concluye la instrucción del expediente disciplinario (hay un máximo de seis meses estipulados) el trabajador municipal recibirá las retribuciones monetarias básicas. La notificación le fue entregada ayer mismo al afectado quien presentará las oportunas alegaciones para poder reincorporarse a su puesto en la concejalía en donde ejerce de mediador con el colectivo gitano y otras etnias.
La resolución cayó como un jarro de agua fría en el entorno de Raúl Jiménez Salazar, quien recuperó la libertad el pasado miércoles al mediodía tras 28 días en prisión provisional.
Su abogado defensor, José Manuel Rodríguez Díaz, lamentó y criticó duramente la decisión municipal porque, a su entender, supone una palmaria violación del derecho al trabajo y a la presunción de inocencia. Añade que su cliente exige los mismos derechos que invocan los políticos cuando se dirigen procedimientos penales contra ellos.
Una trama para alejarlo del Concello
Mientras que el alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, cree que lo más conveniente en este caso es apartar a Jiménez Salazar para que no interfiera en el normal funcionamiento de Benestar Social, máxime cuando en ese departamento también trabaja la víctima (actualmente de baja), el letrado del imputado habla de trama orquestada. Empiezo a comprobar que puede ser realmente cierto lo que mi cliente me manifestó desde un principio y me resistía a creer, aseveró. Entrando al detalle, habla de una auténtica trama para alejar a Raúl Jiménez de su trabajo por razones políticas u otras.
Un caso que juzgará un tribunal popular
Las diligencias previas abiertas por amenazas condicionales (artículo 169-1º) se instruirán conforme a la Ley del Jurado ya que es un delito asignado a esa institución. Esto significa que un tribunal constituido por nueve ciudadanos y dos suplentes deberá decidir si hay pruebas para un veredicto de culpabilidad o inocencia. Los hechos se sustentan en una investigación policial a raíz de la denuncia de la trabajadora social por los mesajes que le llegaban a su móvil exigiéndole el pago de 6.000 euros.
El alcalde de la ciudad precisó ayer, sin embargo, que mientras no concluye la instrucción del expediente disciplinario (hay un máximo de seis meses estipulados) el trabajador municipal recibirá las retribuciones monetarias básicas. La notificación le fue entregada ayer mismo al afectado quien presentará las oportunas alegaciones para poder reincorporarse a su puesto en la concejalía en donde ejerce de mediador con el colectivo gitano y otras etnias.
La resolución cayó como un jarro de agua fría en el entorno de Raúl Jiménez Salazar, quien recuperó la libertad el pasado miércoles al mediodía tras 28 días en prisión provisional.
Su abogado defensor, José Manuel Rodríguez Díaz, lamentó y criticó duramente la decisión municipal porque, a su entender, supone una palmaria violación del derecho al trabajo y a la presunción de inocencia. Añade que su cliente exige los mismos derechos que invocan los políticos cuando se dirigen procedimientos penales contra ellos.
Una trama para alejarlo del Concello
Mientras que el alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, cree que lo más conveniente en este caso es apartar a Jiménez Salazar para que no interfiera en el normal funcionamiento de Benestar Social, máxime cuando en ese departamento también trabaja la víctima (actualmente de baja), el letrado del imputado habla de trama orquestada. Empiezo a comprobar que puede ser realmente cierto lo que mi cliente me manifestó desde un principio y me resistía a creer, aseveró. Entrando al detalle, habla de una auténtica trama para alejar a Raúl Jiménez de su trabajo por razones políticas u otras.
Un caso que juzgará un tribunal popular
Las diligencias previas abiertas por amenazas condicionales (artículo 169-1º) se instruirán conforme a la Ley del Jurado ya que es un delito asignado a esa institución. Esto significa que un tribunal constituido por nueve ciudadanos y dos suplentes deberá decidir si hay pruebas para un veredicto de culpabilidad o inocencia. Los hechos se sustentan en una investigación policial a raíz de la denuncia de la trabajadora social por los mesajes que le llegaban a su móvil exigiéndole el pago de 6.000 euros.
