El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condena al Concello de Ourense a pagar 36.119 euros a la empresa Subproductos Gallegos S.A., a la que retiró en 2001 la licencia que tenía desde 1989 como fábrica de grasas y almacén de pieles y cueros. El cese se produjo a raíz de la retirada de animales en la época de las vacas locas.
El Concello de Ourense tendrá que pagar una indemnización de 36.119 euros a la empresa Subproductos Gallegos S.A., a la que, a través de un acuerdo de 14 de junio de 2001, se le impuso el cese de la actividad para la que contaba con licencia desde 1989 (fábrica de grasas y almacén de pieles y cueros). Así lo determina una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que fija la indemnización teniendo en cuenta los gastos derivados del mantenimiento en plantilla de cinco trabajadores durante el tiempo que duró la suspensión y de que como consecuencia del cese tuvo que despedir a otros dos trabajadores.
La empresa reclamaba más de 904.000 euros al Concello por los perjuicios que se derivaron de la retirada de la licencia. El tribunal no acepta la indemnización en otros conceptos al entender que la empresa, en cierto modo, no reaccionó ante el desbordamiento de su capacidad y siendo la única autorizada en la Comunidad para el tratamiento de material específico de riesgo, una vez suspendida la orden no tendría dificul tades en recuperar su posición en un mercado en el que, según afirma, no tiene competencia. La sentencia reconoce que el Concello tenía que vigilar las condiciones higiénicas, pero pudo adoptar una resolución menos drástica.
Una solución menos drástica para un riesgo sanitario
Según la sentencia, cuando estalla el mal de las vacas locas, la empresa era la única autorizada en Galicia para el tratamiento de las reses, lo que produjo el colapso de la actividad, en atención a que una empresa preparada para eliminar 50 reses diarias recibía una media de 120, lo que originó que saturadas las tolvas de recepción se almacenaran a la intemperie.
El tribunal entiende, además, que esta situación entrañaba un riesgo sanitario cierto y provocador de alarma en la sociedad aunque añade que la administración pudo adoptar una reso lución menos drástica no impidiendo que el desarrollo de la actividad se ajustara a la capacidad de las instalaciones y sobre las que se presume que estaban dimensionadas las medidas correctoras. No haciéndolo así ha de concluirse que se produjo un daño cierto que la recurrente no viene obligada a soportar.
La retirada provisional de la licencia acordada por el Concello en junio de 2001 por ejercer una actividad para la que no dispone de licencia como es el depósito y tratamiento de reses muertas, fue anulada un año después por el Juzgado.
La empresa reclamaba más de 904.000 euros al Concello por los perjuicios que se derivaron de la retirada de la licencia. El tribunal no acepta la indemnización en otros conceptos al entender que la empresa, en cierto modo, no reaccionó ante el desbordamiento de su capacidad y siendo la única autorizada en la Comunidad para el tratamiento de material específico de riesgo, una vez suspendida la orden no tendría dificul tades en recuperar su posición en un mercado en el que, según afirma, no tiene competencia. La sentencia reconoce que el Concello tenía que vigilar las condiciones higiénicas, pero pudo adoptar una resolución menos drástica.
Una solución menos drástica para un riesgo sanitario
Según la sentencia, cuando estalla el mal de las vacas locas, la empresa era la única autorizada en Galicia para el tratamiento de las reses, lo que produjo el colapso de la actividad, en atención a que una empresa preparada para eliminar 50 reses diarias recibía una media de 120, lo que originó que saturadas las tolvas de recepción se almacenaran a la intemperie.
El tribunal entiende, además, que esta situación entrañaba un riesgo sanitario cierto y provocador de alarma en la sociedad aunque añade que la administración pudo adoptar una reso lución menos drástica no impidiendo que el desarrollo de la actividad se ajustara a la capacidad de las instalaciones y sobre las que se presume que estaban dimensionadas las medidas correctoras. No haciéndolo así ha de concluirse que se produjo un daño cierto que la recurrente no viene obligada a soportar.
La retirada provisional de la licencia acordada por el Concello en junio de 2001 por ejercer una actividad para la que no dispone de licencia como es el depósito y tratamiento de reses muertas, fue anulada un año después por el Juzgado.
