El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dio un plazo de 15 días al Concello de la ciudad para que le remita todos los pasos que ha dado hasta el momento en el cumplimiento de la sentencia que obligaba a realizar un proyecto de reparcelación en las traseras de la avenida de Portugal. En el auto se advierte de que, de no hacerlo, el tribunal podría imponer una multa coercitiva al alcalde y la deducción de testimonio, aunque desde Urbanismo se apunta que ya se ha remitido la documentación.
El Concello ya había encargado un proyecto de reparcelación de este ámbito, que no contaba con el visto bueno del aparejador municipal porque, entre otras cuestiones, las compensaciones económicas a los residentes 'no están justificadas' y son insuficientes.
También formaciones políticas como el BNG llamaron la atención de lo perjudicial que sería para los vecinos afectados -unos 200- su aprobación tal y como estaba redactado, puesto que obligaría a derribar edificios y a cuantiosas indemnizaciones a asumir por parte de algunos vecinos.
Ante esta situación, Urbanismo ha instado a la empresa redactora del proyecto a que realice algunas modificaciones en el proyecto y se está analizando la suspensión de la tramitación del expediente, después de que un informe de la jefa del servicio de planeamiento concluya que debe adoptarse esta medida porque los suelos no cumplen simultáneamente las condiciones del Plan Xeral vigente (1986) y la del nuevo documento que ahora se encuentra en fase de exposición al público.
Mientras, la empresa denunciante, Edificaciones Cruceiro (del constructor Bautista Rodríguez) urge el cumplimiento de la sentencia que obliga a la reparcelación. Así, su abogado, Antonio Feijóo, ya aseguró en su día que su cliente estaba disconforme con el proyecto redactado por el Concello y apuesta por una compensación económica. Para él, la suspensión de la tramitación del expediente supondría una actuación 'vergonzante' del servicio de Urbanismo, de forma que advierte de que si finalmente se toma esta resolución adoptará medidas legales contra los responsables de la misma.
También formaciones políticas como el BNG llamaron la atención de lo perjudicial que sería para los vecinos afectados -unos 200- su aprobación tal y como estaba redactado, puesto que obligaría a derribar edificios y a cuantiosas indemnizaciones a asumir por parte de algunos vecinos.
Ante esta situación, Urbanismo ha instado a la empresa redactora del proyecto a que realice algunas modificaciones en el proyecto y se está analizando la suspensión de la tramitación del expediente, después de que un informe de la jefa del servicio de planeamiento concluya que debe adoptarse esta medida porque los suelos no cumplen simultáneamente las condiciones del Plan Xeral vigente (1986) y la del nuevo documento que ahora se encuentra en fase de exposición al público.
Mientras, la empresa denunciante, Edificaciones Cruceiro (del constructor Bautista Rodríguez) urge el cumplimiento de la sentencia que obliga a la reparcelación. Así, su abogado, Antonio Feijóo, ya aseguró en su día que su cliente estaba disconforme con el proyecto redactado por el Concello y apuesta por una compensación económica. Para él, la suspensión de la tramitación del expediente supondría una actuación 'vergonzante' del servicio de Urbanismo, de forma que advierte de que si finalmente se toma esta resolución adoptará medidas legales contra los responsables de la misma.
