El Concello de Ourense pagará a sus funcionarios 'aquela parte da paga extraordinaria de Nadal do ano 2012 que a normativa do Goberno de Rajoy impediu que se pagara no momento correspondente'.
El alcalde, Agustín Fernández, anunció ayer que había dado la orden a los servicios municipales implicados para que abonen los devengos correspondientes (de 44 días) hasta la entrada en vigor de la normativa estatal que suprimía el pago de la extra. La cuantía total que pagará el Concello por este concepto es de 390.000 euros. Igualmente, la Diputación de Ourense, gobernada por el popular Manuel Baltar, ha adoptado un acuerdo similar, para lo que ha dado orden al servicio de Intervención, con objeto de que elabore el informe correspondiente y tramite el procedimiento necesario, según confirmaron ayer fuentes de la institución provincial. En este caso, la cantidad que tendrá que asumir el Pazo provincial supera apenas los 300.000 euros, que el gobierno de Baltar considera 'perfectamente asumibles'.
El regidor socialista adoptó la medida después de que la junta de personal registrase un escrito solicitándosela, en el que también advertían que varias sentencias judiciales habían dado la razón a los recurrentes en otras administraciones sobre el pago de esta parte de la extra. Los sindicatos, no obstante, también recordaban en su escrito que el gobierno ourensano se comprometió en su día a pagar la totalidad de la extra a sus funcionarios, una decisión impulsada desde el BNG (entonces aún en el gobierno) pero que nunca se materializó. Agustín Fernández considera que la supresión de la paga extra supuso en 2012 'un grave prexuizo ó comercio da nosa cidade', por lo que espera que 'nun tempo, o menos posible', los funcionarios puedan cobrar aquella parte.
Además del de la ciudad, también algunos concellos, como Parada de Sil, abonarán la parte correspondiente de aquella extra a sus funcionarios, una medida que fue refrendada ya con unanimidad por el pleno.
Aunque son varias las administraciones que han adoptado esta misma medida, como los gobiernos de Extremadura y Castilla y León, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, dijo ayer que el Gobierno central recurrirá la devolución de la extra. Según dijo, hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie al respecto, es de obligado cumplimiento para todas las administraciones. 'En consecuencia, no podrán abonarse las correspondientes pagas extra del mes de diciembre' de 2012, afirmó Beteta, que incidió en que cualquier 'acción unilateral' que cualquier administración pública lleve a cabo será recurrida.
El regidor socialista adoptó la medida después de que la junta de personal registrase un escrito solicitándosela, en el que también advertían que varias sentencias judiciales habían dado la razón a los recurrentes en otras administraciones sobre el pago de esta parte de la extra. Los sindicatos, no obstante, también recordaban en su escrito que el gobierno ourensano se comprometió en su día a pagar la totalidad de la extra a sus funcionarios, una decisión impulsada desde el BNG (entonces aún en el gobierno) pero que nunca se materializó. Agustín Fernández considera que la supresión de la paga extra supuso en 2012 'un grave prexuizo ó comercio da nosa cidade', por lo que espera que 'nun tempo, o menos posible', los funcionarios puedan cobrar aquella parte.
Además del de la ciudad, también algunos concellos, como Parada de Sil, abonarán la parte correspondiente de aquella extra a sus funcionarios, una medida que fue refrendada ya con unanimidad por el pleno.
Aunque son varias las administraciones que han adoptado esta misma medida, como los gobiernos de Extremadura y Castilla y León, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, dijo ayer que el Gobierno central recurrirá la devolución de la extra. Según dijo, hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie al respecto, es de obligado cumplimiento para todas las administraciones. 'En consecuencia, no podrán abonarse las correspondientes pagas extra del mes de diciembre' de 2012, afirmó Beteta, que incidió en que cualquier 'acción unilateral' que cualquier administración pública lleve a cabo será recurrida.
