La policía se llevó el expediente de la adjudicación a Cespa, actualmente paralizada, por orden de un juzgado de Vigo.
Cuando aún no se había sobrepuesto a los detalles que revela el sumario de la operación Pokemon, el Concello de la ciudad despertó ayer inmerso en lo que después resultó ser la operación Patos, que abarca a otros cinco concellos gallegos -Vigo, Pontevedra, Santiago, Nigrán y Ponteareas- y a distintos organismos, como la Diputación de Pontevedra, la delegación de la Xunta en Vigo, el Consorcio del Casco Vello y la Autoridad Portuaria de esta ciudad. En el marco de este dispositivo, fueron detenidas cinco personas, entre las que se encuentra el concejal de Obras de Nigrán, José Álvarez Valverde. La operación, dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, Carmen García Campos, en colaboración con la Fiscalía, investiga presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en torno a la relación de estas instituciones con las empresas Cespa y las del grupo Eiriña.
En el caso de Ourense, la investigación se centra en el proceso de contratación del mantenimiento de las zonas verdes, inicialmente adjudicado a Cespa S.A. el pasado otoño por 856.642 euros. El procedimiento, al que se presentaron 18 empresas, se encuentra suspendido después de que una de ellas -Talher S.A.- presentase un recurso contra su exclusión del proceso.
Precisamente, fue el expediente del procedimiento de contratación lo que ayer buscaban en el Concello de la ciudad los funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEf) de la Jefatura Superior de Policía de Galicia por orden de la juez que instruye el caso. Los policías se personaron a primera hora en la Consistorial, en donde el alcalde, Agustín Fernández, tras conocer el objeto de la actuación, les indicó que debían desplazarse a Medio Ambiente, departamento que inició el procedimiento y en el que hablaron con el jefe de servicio, Carlos Cárcamo. Posteriormente, los funcionarios se traslaron a las instalaciones de Contratación -en la Praza do Trigo-, que es donde se encontraba y el expediente y permanecieron alrededor de hora y media y se hicieron con la documentación completa del expediente. El Tribunal Superior de Xustiza informaba ayer de que, además de en Ourense, se habían producido registros en todas las instituciones y empresas investigadas.
La intervención policial suscitó toda clase de rumores en el Concello, hasta el punto de que el portavoz socialista, José Ángel Vázquez Barquero, y la concejala de Medio Ambiente, Susana Bayo, tuvieron que aclarar que en el Concello de Ourense no se habían producido detenciones, algo que se apuntaba desde primera hora. Bayo afirmó que tenía un "descoñecemento total e absoluto porque as actuacións son segredas", si bien dijo que "en absoluto" le preocupaba la investigación judicial, defendiendo la "transparencia" del proceso.
La oposición
Por su parte, el portavoz del PP, Rosendo Fernández, abogó ayer por la "prudencia" y por "deixar traballar á Xustiza", si bien lamentó que "sempre que hai algún charco deste tipo apareza o Concello de Ourense". Mientras, el portavoz del BNG, Xosé Somoza, tampoco quiso valorar en profundidad este asunto pero sí aseguró que "esto confirma a nosa tese de que os servizos públicos deben seguir sendo públicos, xa que as concesións acaban tendo estes matices que o que fan é desacreditar á política municipal".
El recurso de otra empresa dejó en el aire el contrato
Cespa, integrada en el grupo Ferrovial, trabaja para el Concello en el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad desde hace años. La empresa ya se encargaba del mantenimiento de varios parques del barrio de A Ponte en el periodo final del mandato del PP, con Enrique Nóvoa como concejal de Medio Ambiente. Así permaneció hasta que en 2010, el Concello adjudicó a Cespa -con el socialista Demetrio Espinosa al frente de Medio Ambiente- el mantenimiento de las zonas verdes de A Ponte por 282.000 euros, mientras que Acciona se encargaba de las de O Couto, A Carballeira, A Cuña y Casco Histórico. Este contrato finalizó a principios del 2012 -con la nacionalista Marta Arribas como responsable del área- aunque se prorrogó por un año más, pues a diferencia de lo que ocurrió con Acciona, no se detectaron incumplimientos en el pliego por parte de la adjudicataria del servicio.
Finalmente, el pasado agosto, el Concello adjudicaba a Cespa el mantenimiento de las zonas verdes de los tres distritos de la ciudad, ya que, a diferencia del concurso anterior, la socialista Susana Bayo consideraba mejor esta opción que dividir el servicio por lotes, como había hecho Espinosa. El presupuesto de licitación era de 1,1 millones de euros pero se adjudicó por algo más de 856.000. La adjudicación quedó oficialmente paralizada en octubre por el recurso judicial presentado por Talher S.A, que había quedado excluida del procedimiento.
