Las bebidas que no tributaban al fisco eran vendidas principalmente a clubes de alterne de la "raia"
Diego V.P. y Consuelo G.R. reconocieron ayer su participación en dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito continuado de falsedad en documento mercantil y aceptaron 18 meses de prisión (hasta 24 meses si no abonan la multa). En un caso, la multa por un delito fiscal es de 2.356.671 euros y en el otro, 340.502 euros. En cuanto al delito de falsedad, también lleva implícita una pena multa de cuatro meses a razón de cuatro euros al día
La fiscal, con el visto bueno del abogado del Estado, rebajó sustancialmente la pena de prisión reclamada en su escrito de calificación provisional, siete años y medio de cárcel (nueve si las multas no eran satisfechas). La acusación aplicó una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas ya que el proceso comenzó a instruirse en 2008.
Los inculpados al aceptar la pena reconocen que a través de la empresa Terra Celta Sl, de la que era administradora única Consuelo G.R., se pusieron de acuerdo para defraudar a la Hacienda Pública eludiendo el pago de los impuestos correspondientes de alcohol. De hecho, el objeto social de la empresa era la fabricación, elaboración y venta de todo tipo de productos alimenticios y bebidas.
A través de esa sociedad, recibían las bebidas alcohólicas en régimen suspensivo (sin tributar al fisco el impuesto especial que las grava) y procedían a vender las mismas a terceros no sometidos a dicha exención -clubes de alterne de la "raia" con Portugal, principalmente- a un precio sensiblemente menor el valor del mercado sin que se documentaran dichas operaciones. Los acusados obtuvieron un enriquecimiento injusto con el importe de los impuestos especiales obtenidos en la comercialización de las bebidas que no liquidaban a la Agencia Tributaria, simulando distintos documentos para acreditar la venta de sus productos a empresas sometidas al regimen suspensivo. Esta operativa se desplegó en 2002 y 2005.
