Casos como un edificio ilegal o la plaza de San Antonio forman parte de las propuestas.
Buena parte de los conflictos urbanísticos derivados del Plan Xeral de 2003 tendrán su continuación también en la tramitación del nuevo planeamiento y así se está reflejando en algunas de las alegaciones registradas. Si los vecinos del edificio de Marcelo Macías a los que una sentencia anuló la licencia presentaron sus propuestas para que el próximo planeamiento legalice su situación -puesto que en la actualidad no lo hace-; la recurrente de la plaza de San Antonio que ha denunciado a la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, por prevaricación también ha trasladado sus demandas sobre la ordenación urbanística de la misma.
Así, Cristina Rodríguez sostiene que la clasificación de la plaza en el nuevo planeamiento "solamente beneficia a los particulares y a las empresas que disfrutan del subsuelo público desde hace años sin pagar canon, siendo así que la única posibilidad de la explotación de este subsuelo es través de concesión administrativa que ciertamente habría de ser otorgada previo concurso público".
Así, el planeamiento busca dar cobertura a la situación legal de la plaza, un espacio público pero con un aprovechamiento privado del subsuelo, toda vez que éste está gestionado por una empresa privada -estacionamiento- y que también supone el garaje de los edificios que conforman la plaza, que en la memoria de ordenación sí aparece como zona libre de sistema local.
En su alegación, Cristina Rodríguez asegura que el planeamiento tiene la intención de "consagrar un aprovechamiento privado del subsuelo público en flagrante ilegalidad" y advierte de que "su aprobación puede y debe considerarse como prevaricación administrativa en que incurrirán cuantos miembros de la Corporación, suficientemente advertidos de esta circunstancia, voten a favor de la aprobación del PXOM". Rodríguez ya presentó una querella contra Soto por conceder licencia al estacionamiento de la plaza con estos argumentos.
