Una empresa reclama al Concello de Ourense y la Xunta de Galicia una indemnización de 17.990.539 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por los perjuicios que, asegura, le ha ocasionado la anulación definitiva del Plan Xeral de 2003, aprobado por el exalcalde Manuel Cabezas; así como por la demora en la tramitación urbanística de su proyecto de construcción de viviendas en Barrocás.
La reclamación, que fue registrada ayer ante ambas administraciones y es el paso previo a un posible recurso judicial (en caso de que sea desestimada), parte de Inversiones Mirage S.L. (Grupo Coinasa) y se refiere al sector urbanizable 10 de Barrocás, en el que la promotora preveía construir 304 viviendas y, según la propia empresa, una residencia para la tercera edad y dotación de suelo para instituciones públicas. Esta zona, clasificada como urbanizable en el planeamiento de Cabezas, ha pasado a ser suelo rústico tras la caída del Plan, una diferencia de valor que la empresa estima en 6.238.720 euros.
En el documento, Inversiones Mirage explica que no era propietaria de los terrenos cuando se aprobó el Plan Xeral de 2003 sino que los adquirió con posterioridad, por lo que la anulación del planeamiento 'no devuelve a la empresa a la situación patrimonial que ostentaba de inicio' sino que, sostiene, 'se le causó un desplazamiento patrimonial en los años 2005 y siguientes inducido por las determinaciones de este ilícito PXOM'. Por eso, la firma defiende que 'nos hallamos ante un palmario funcionamiento anormal de las administraciones responsables, las cuales tramitan y aprueban una disposición de carácter general, como un PXOM, que generó la legítima confianza para inducir a la inversión para el desarrollo del citado Plan'.
'DEMORA INJUSTIFICADA'
Asimismo, la promotora alega 'una demora injustificada' en la tramitación de su iniciativa urbanística al considerar que el proyecto de urbanización del sector no está aprobado 'por voluntad del Concello o de sus funcionarios, que introdujeron múltiples demoras en la tramitación y establecieron exigencias coactivas que no estaban previstas en el plan parcial'.
Además, critica que su ámbito no fuera uno de los incluidos en la ordenación provisional aprobado por Xunta a pesar de tener aprobado el plan parcial desde marzo de 2007 y de que en cambio sí figuren otros planes de este tipo, como uno en Covadonga.
La cuantía de la indemnización que solicita la empresa se basa en los 8.438.163 euros en los que valora los daños emergentes (la diferencia de valor de los terrenos, los gastos que ha realizado la sociedad y los intereses financieros) y en 9.552.371 euros por lucro cesante. Además, de llegar al Juzgado, reclamará el pago de intereses y gastos financieros, que podría alcanzar los 60.000 euros mensuales, hasta que se haga efectivo el pago.
En el documento, Inversiones Mirage explica que no era propietaria de los terrenos cuando se aprobó el Plan Xeral de 2003 sino que los adquirió con posterioridad, por lo que la anulación del planeamiento 'no devuelve a la empresa a la situación patrimonial que ostentaba de inicio' sino que, sostiene, 'se le causó un desplazamiento patrimonial en los años 2005 y siguientes inducido por las determinaciones de este ilícito PXOM'. Por eso, la firma defiende que 'nos hallamos ante un palmario funcionamiento anormal de las administraciones responsables, las cuales tramitan y aprueban una disposición de carácter general, como un PXOM, que generó la legítima confianza para inducir a la inversión para el desarrollo del citado Plan'.
'DEMORA INJUSTIFICADA'
Asimismo, la promotora alega 'una demora injustificada' en la tramitación de su iniciativa urbanística al considerar que el proyecto de urbanización del sector no está aprobado 'por voluntad del Concello o de sus funcionarios, que introdujeron múltiples demoras en la tramitación y establecieron exigencias coactivas que no estaban previstas en el plan parcial'.
Además, critica que su ámbito no fuera uno de los incluidos en la ordenación provisional aprobado por Xunta a pesar de tener aprobado el plan parcial desde marzo de 2007 y de que en cambio sí figuren otros planes de este tipo, como uno en Covadonga.
La cuantía de la indemnización que solicita la empresa se basa en los 8.438.163 euros en los que valora los daños emergentes (la diferencia de valor de los terrenos, los gastos que ha realizado la sociedad y los intereses financieros) y en 9.552.371 euros por lucro cesante. Además, de llegar al Juzgado, reclamará el pago de intereses y gastos financieros, que podría alcanzar los 60.000 euros mensuales, hasta que se haga efectivo el pago.
