El convenio-contrato firmado por el que fue teniente de alcalde de Ourense Alexandre Sánchez Vidal y un representante de la empresa Afiador en febrero de 2008, para instalar en la ciudad cuatro paneles informativos digitales, es 'nulo de pleno derecho' por no contar con un informe jurídico pertinente ni con licencias municipales, y nunca fue aprobado por la junta de gobierno, según explicó el asesor jurídico municipal Luis Tros.
Tros declaró en la mañana del martes, entre otros 16 testigos, en relación con la acusación presentada por la Fiscalía de Ourense después de que el grupo municipal del PP pusiese en su conocimiento la realización de agujeros en varios lugares de la ciudad para la instalación de cuatro paneles, hecho que el PP consideró no aclarado por el grupo de Gobierno integrado entonces por PSOE y BNG.
El lunes día 1 de octubre declararon los imputados y en sus explicaciones aludieron a la firma de un 'convenio-contrato' entre Alexandre Sánchez Vidal y uno de los empresarios de Afiador Produccións para la instalación de cuatro paneles, sin coste alguno para el ayuntamiento, que podría aportar contenidos de información institucional, a cambio de su explotación también como soportes publicitarios para empresas locales.
El asesor jurídico municipal explicó que antes del 4 de febrero de 2008, nunca ninguno de los presuntos implicados, le pidió un informe o una opinión sobre el documento firmado por lo que, según dijo, ese papel 'es nulo de pleno derecho', pues lo normal es que convenios y contratos cuenten con informes jurídicos.
Ese informe se pidió más tarde, cuando la Junta de Gobierno local, acordó 'retrotraer todo el expediente' para que comenzase de nuevo su tramitación al faltarle los pertinentes informes.
También declararon los empresarios que firmaron con Afiador Produccións para hacerse cargo de los agujeros para la instalación, los contenidos para las cuatro pantallas, los compromisos con varios anunciantes y los que elaboraron algunos anuncios para la publicidad que sería exhibida en los paneles, que nunca llegaron a instalarse.
ENCARGO DE HACER HUECOS
Así, un representante de Explotaciones Medioambientales testificó que en octubre de 2008 recibió el encargo, por contrato con Afiador Produccións, de hacer huecos y soportes para los paneles publicitarios.
'Firmamos un contrato por 3.000 euros y acordamos que yo hacía las obras y ellos se encargaban de los permisos necesarios y de hecho me presentaron un escrito que era la solicitud de licencia para la obra, presentado ante el ayuntamiento', ha explicado.
Nunca hubo resolución de esa solicitud, pero el empresario hizo tres de los cuatro huecos, mientras el inspector de obras, que también declaró en el juicio, decidió investigar el que descubrió en la Alameda, ya que suponía 'un riesgo para los viandantes'. En sus indagaciones, constató que la obra no tenía licencia, según ha manifestado.
De las declaraciones de hoy, se deduce que la petición de licencia de obra nunca fue resuelta, y según el asesor jurídico, el silencio administrativo es siempre un 'no' cuando se trata de obras en bienes públicos, como era el caso.
'El concepto de convenio/contrato es además incoherente, o es una cosa o es la otra, por lo que se puede declarar nulo, es decir, no tiene valor de resolución y por tanto, no es un documento administrativo', añadió.
PROGRAMAS INFORMATIVOS
Declararon además un periodista encargado de probar y poner en marcha programas informáticos y contenidos informativos para los paneles, el propietario del local arrendado a una de las empresas contratadas -que es además abuelo del empresario imputado Daniel C.-, un cuñado de éste, propietario de la empresa de publicidad en sociedad con los dos imputados; y César González, el primer empresario que entregó en el ayuntamiento una propuesta para la instalación de paneles informativos y publicitarios de gran formato.
González ha explicado que entregó su propuesta en diciembre de 2007 al entonces director general de Turismo, David Cortón, por el interés que mostró en la idea, pero no volvió a saber nada ni obtuvo nunca respuesta a su propuesta 'sólo evasivas'.
El juicio comenzó el lunes 1 de octubre, con la declaración de los seis imputados: los extenientes alcaldes de Ourense, Alexandre Sánchez Vidal y Andrés García Mata (en su día del BNG, pero que ya no son militantes de esta formación), el exdirector general de Turismo David Cortón (los tres dimitieron en el momento de la denuncia), el funcionario municipal Elías D., y los empresarios de Afiador Produccións José O. y Daniel C.
Continuará el jueves 4 de octubre a partir de las 10.00 horas y contará con la declaración de otros 11 testigos, entre los que están previstos el exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez, la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, y un perito.
El lunes día 1 de octubre declararon los imputados y en sus explicaciones aludieron a la firma de un 'convenio-contrato' entre Alexandre Sánchez Vidal y uno de los empresarios de Afiador Produccións para la instalación de cuatro paneles, sin coste alguno para el ayuntamiento, que podría aportar contenidos de información institucional, a cambio de su explotación también como soportes publicitarios para empresas locales.
El asesor jurídico municipal explicó que antes del 4 de febrero de 2008, nunca ninguno de los presuntos implicados, le pidió un informe o una opinión sobre el documento firmado por lo que, según dijo, ese papel 'es nulo de pleno derecho', pues lo normal es que convenios y contratos cuenten con informes jurídicos.
Ese informe se pidió más tarde, cuando la Junta de Gobierno local, acordó 'retrotraer todo el expediente' para que comenzase de nuevo su tramitación al faltarle los pertinentes informes.
También declararon los empresarios que firmaron con Afiador Produccións para hacerse cargo de los agujeros para la instalación, los contenidos para las cuatro pantallas, los compromisos con varios anunciantes y los que elaboraron algunos anuncios para la publicidad que sería exhibida en los paneles, que nunca llegaron a instalarse.
ENCARGO DE HACER HUECOS
Así, un representante de Explotaciones Medioambientales testificó que en octubre de 2008 recibió el encargo, por contrato con Afiador Produccións, de hacer huecos y soportes para los paneles publicitarios.
'Firmamos un contrato por 3.000 euros y acordamos que yo hacía las obras y ellos se encargaban de los permisos necesarios y de hecho me presentaron un escrito que era la solicitud de licencia para la obra, presentado ante el ayuntamiento', ha explicado.
Nunca hubo resolución de esa solicitud, pero el empresario hizo tres de los cuatro huecos, mientras el inspector de obras, que también declaró en el juicio, decidió investigar el que descubrió en la Alameda, ya que suponía 'un riesgo para los viandantes'. En sus indagaciones, constató que la obra no tenía licencia, según ha manifestado.
De las declaraciones de hoy, se deduce que la petición de licencia de obra nunca fue resuelta, y según el asesor jurídico, el silencio administrativo es siempre un 'no' cuando se trata de obras en bienes públicos, como era el caso.
'El concepto de convenio/contrato es además incoherente, o es una cosa o es la otra, por lo que se puede declarar nulo, es decir, no tiene valor de resolución y por tanto, no es un documento administrativo', añadió.
PROGRAMAS INFORMATIVOS
Declararon además un periodista encargado de probar y poner en marcha programas informáticos y contenidos informativos para los paneles, el propietario del local arrendado a una de las empresas contratadas -que es además abuelo del empresario imputado Daniel C.-, un cuñado de éste, propietario de la empresa de publicidad en sociedad con los dos imputados; y César González, el primer empresario que entregó en el ayuntamiento una propuesta para la instalación de paneles informativos y publicitarios de gran formato.
González ha explicado que entregó su propuesta en diciembre de 2007 al entonces director general de Turismo, David Cortón, por el interés que mostró en la idea, pero no volvió a saber nada ni obtuvo nunca respuesta a su propuesta 'sólo evasivas'.
El juicio comenzó el lunes 1 de octubre, con la declaración de los seis imputados: los extenientes alcaldes de Ourense, Alexandre Sánchez Vidal y Andrés García Mata (en su día del BNG, pero que ya no son militantes de esta formación), el exdirector general de Turismo David Cortón (los tres dimitieron en el momento de la denuncia), el funcionario municipal Elías D., y los empresarios de Afiador Produccións José O. y Daniel C.
Continuará el jueves 4 de octubre a partir de las 10.00 horas y contará con la declaración de otros 11 testigos, entre los que están previstos el exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez, la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, y un perito.
